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Técnicamente, aún faltan las licencias municipales de obra –similar a la que tiene que pedir cualquier particular para realizar una reforma en su casa–, el ... último paso antes de que se empiecen a ver las máquinas trabajando sobre el terreno. Lo que ocurre es que Molledo, San Miguel de Aguayo, Luena y Campoo de Yuso, los ayuntamientos sobre los que se instalarán los 25 aerogeneradores del parque eólico de El Escudo, no tienen más remedio que concederlas. No pueden decir 'no' después de que este lunes la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) diera por cerrado el expediente y concediera la autorización de construcción. Biocantaber, la filial cántabra de Iberdrola que hace ya cuatro años registró en el Ministerio de Industria el primer papel para lograr la autorización, ya puede descorchar el champán. No hay vuelta atrás.
En contra de la posición que vienen manifestando algunas juntas vecinales afectadas y diversos colectivos ecologistas, fue la potencia técnica de la Crotu la que dio en su reunión el visto bueno definitivo, que este martes será ratificado en el pleno de este mismo órgano. De esta forma, la promotora del que será uno de las mayores instalaciones de este tipo del norte de España podrá acudir ya a la ventanilla de los consistorios para pedir las licencias, que estarán listas en tres meses. En el peor de los casos, la obra comenzará a principios de 2024. Primero con algunos trabajos previos y después, cuando se dé por concluido el periodo de lluvias, con la instalación de los molinos. La compañía estima que la inversión superará los 100 millones de euros, dará trabajo durante su construcción «a más de 200 personas» y proporcionará «energía limpia a una población equivalente a 95.000 hogares».
De los cuatro años de tramitación del expediente, los últimos 21 meses ha estado atascado en la Crotu, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica emitió el informe de impacto ambiental favorable a cambio de reducir de 36 a 25 el número de molinos por su mayor afección. Concretamente, desde enero de 2022. «No podemos tener a empresarios que quieren realizar un proyecto sin decirles si es viable o no. No podemos estar 21 meses para resolver un expediente. Esto no puede volver a producirse. Hay que decir que sí o que no, pero hay que decir algo, porque no podemos jugar con la gente», señaló el consejero de Fomento, Roberto Media, que insistió en que los cambios que su departamento ha introducido en el funcionamiento de la Crotu van encaminados a reducir estos tiempos de tramitación.
Es cierto que la Crotu no ha destacado históricamente por su agilidad, pero también que en este caso la responsabilidad es compartida. Ya el exconsejero regionalista José Luis Gochicoa informó antes de las elecciones de que estaba todo listo a falta de dos informes sectoriales. Los mismos dos informes que han obligado al Ejecutivo del PP a retrasar el debate del expediente de El Escudo. Y los dos informes eran responsabilidad del propio Gobierno de Cantabria: el de la Dirección General de Biodiversidad (dependiente de Ganadería) para la ocupación de los montes de utilidad público, cuya última versión se firmó hoy mismo, y el de Patrimonio (dependiente de Cultura) sobre la posible afección del proyecto al conjunto arqueológico de Mediajo Frío.
Ambos son positivos, pero entre las exigencias que pone al promotor este último documento está la obligación de desplazar uno de los aerogeneradores por su «enorme proximidad al yacimiento». Además, establece una zona en la que no se pueden hacer excavaciones, obliga a la empresa a hacer prospecciones electromagnéticas para evitar daños por la posible presencia de bombas –también fue zona de combates en la Guerra Civil– y ordena realizar un «control arqueológico intensivo» durante las obras. La mayoría de estas medidas ya las contemplaba Biocantaber, debido a que fue la propia empresa la que elaboró las catas en las que se basa el informe arqueológico. En contra de lo que defendía el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, los hallazgos arqueológicos han sido «muy escasos».
Media confirmó que, «como siempre ocurre», en la ponencia técnica de la Crotu hubo votos en contra de la aprobación del expediente, pero el consejero destacó los beneficios en forma de puestos de trabajo y las inversiones que se ha comprometido a hacer la empresa (reducciones en la factura, becas a escolar...) como medidas compensatorias.
Además, el Gobierno incluirá en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto una revisión del canon eólico –el que creó el bipartito el Estado lo consideró inconstitucional– que pagarán las eléctricas y cobrarán también los municipios. «Siempre que cualquier proyecto de inversión en energía eólica como este venga con informes técnicos favorables, este Gobierno va a ayudar a que salga. Y cuando no sean viables no vamos a esperar 21 meses para decirlo». concluyó Media.
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Ana del Castillo
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