El Gobierno avisa de que ahora sí cobrará los rescates cuando haya «imprudencia flagrante»

El nuevo Gobierno, ahora en manos del PP, reconoce que no siempre es fácil determinar cuando un accidente –y la posterior petición de auxilio– se ha producido de manera fortuita o como consecuencia de una negligencia. En ocasiones la frontera es estrecha, pero sí avisa de que su intención es cobrar por los rescates cuando se deban a una «imprudencia flagrante». No cambiará ninguna norma, pero sí empezará a aplicarla en su literalidad. La evidencia de que existe un cambio de criterio es que, menos de dos meses después de llegar a Peña Herbosa, el Ejecutivo que dirige la presidenta María José Sáenz de Buruaga ya ha decidido iniciar dos nuevos procedimientos. El doble de los ya tramitados.

La Dirección General de Protección Civil, dependiente de la Consejería de Presidencia, está recopilando ahora toda la información previa para abrir expediente a dos personas por sendos episodios que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Picos de Europa con muy pocas horas de diferencia.

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria tuvo que realizar dos rescates en Picos de Europa de un senderista valenciano y un montañero de Palencia en sendas intervenciones consecutivas, que obligaron al traslado de ambos hombres hasta el helipuerto de Tama, donde fueron atendidos y dados de alta, sin mayores consecuencias. El Centro de Atención de Emergencias 112 recibió la primera llamada de aviso a las 15.00 horas alertando del desmayo de un senderista que hacía la ruta Fuente Dé-Espinama. Se movilizó al equipo del helicóptero del Gobierno y a bomberos del 112 de Tama. Pasadas las 16.00 horas, llegó el aviso de un montañero de 67 años con taquicardias en la cima de Peña Olvidada en Camaleño y el helicóptero tuvo que desplazarse de nuevo. ¿Y por qué entiende la Dirección General de Protección Civil que pudo haber negligencia? Pues porque las autoridades cántabras habían activado para ese día el riesgo medio del plan de actuaciones preventivo contra los efectos de calor y existía un aviso por altas temperaturas, un escenario nada recomendable para realizar este tipo de actividades.

Es el mismo supuesto –el de fenómenos meteorológicos extremos– que se dio en el único expediente que hasta ahora se ha resuelto. Los que tuvieron que pasar por caja fueron los dos integrantes de una pareja que acudió a la montaña sin la ropa y equipación adecuada y en pleno temporal de nieve.

La intención del nuevo Gobierno es no tocar la normativa que está en vigor y que establece que se aplicará la tasa de rescate cuando la operación sea consecuencia «de actividades que conlleven consigo un aumento del riesgo en situaciones de avisos, alertas o predicción de fenómenos meteorológicos e hidrológicos adversos». También se puede penalizar si no se ha hecho caso a las «señales de advertencia» en zonas consideradas «como peligrosas o de acceso prohibido o restringido» o no se ha «cumplido con todos los trámites legales previos de obtención de autorizaciones o permisos para la realización de la actividad». Por último, «las personas buscadas, salvadas o rescatadas» que «no llevaran el equipamiento imprescindible y sin el cual resulte manifiestamente inseguro el desarrollo de la actividad».

Hay otros supuestos (relacionados con el rescate de animales o accidentes industriales), pero la condición que tiene que cumplirse siempre es que haya esa «negligencia flagrante». De pagar las tasas están exentos los menores de 16 años y aquellos «que sufran una discapacidad psíquica que implique dificultades para comprender el riesgo o peligro».

¿Cuánto cuesta? Por la salida del helicóptero del Gobierno de Cantabria habría que abonar 1.906,41 euros y por cada hora que durase el operativo habría que sumar otros 1.906,41 euros adicionales. Asciende a 113,99 euros la activación de un dispositivo de rastreo o búsqueda de hasta tres horas. A partir de ahí, costará 57,01 euros la hora hasta el final de la operación. Por último, se fija en 600 euros la movilización de equipo de espeleosocorro, hasta las seis primeras horas y en 200 euros la hora adicional hasta el final de la operación.

Protección Civil señala que estas tasas no cubren ni de lejos el coste real y que el objetivo de revertirlo en estos supuestos es poner en valor el servicio y que lograr que sea lo más efectivo posible. Porque una supuesta imprudencia puede obligar a movilizar unos medios que, en caso de que se produzca un episodio grave realmente fortuito al mismo tiempo, impediría dar una respuesta rápida y eficaz y podría tener consecuencias fatales. Por eso, no descartan tomar medidas como la actualización anual de los precios. Eso, en todo caso, se hará a medio plazo. El Gobierno quiere analizar el funcionamiento de la norma actual y, una vez vistos sus fallos –si es que los hay–, aplicar correcciones. Por ejemplo en el método de tramitación de los expedientes, que suponen un gran esfuerzo administrativo y tienen que estar muy bien motivados para que no decaigan.