El Gobierno calcula que la gota fría dejó daños por valor de 633.000 euros en Cantabria

El resumen de lo sucedido «tras la emergencia de las inundaciones fluviales de los días 22, 23 y 24» -martes, miércoles y jueves de la pasada semana- relata los hechos y después hace balance. Cuenta, por ejemplo, que a las diez de la mañana del 23 se activó el Inuncant (el Plan Especial de Inundaciones de Cantabria). Todo, tras medir precipitaciones y, especialmente, después de la amenaza de los ríos en varios puntos. Por municipios, se tramitaron 242 expedientes, con Santander, Cabezón de la Sal, Valdáliga o Val de San Vicente a la cabeza en cuanto al número. Se habla, entre otros, de los problemas en la A-8 «en el municipio de Valdáliga, por balsa de agua en la calzada» o en la N-611 «en el municipio de Los Corrales de Buelna, por argayo».

Luego viene el apartado de las reparaciones. «Una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia, la Administración Autonómica está llevando a cabo una serie de actuaciones para la reconstrucción y limpieza de las infraestructuras afectadas». Los daños que estima la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ascienden a 583.000 euros. Aquí se incluyen los planes hidáulicos afectados, las carreteras y lo relativo al servicio de vías y obras. El resto -otros 50.000 euros- vienen de lo calculado por la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático por la «reparación de una pista forestal en Monte AA (Ruente- Cabuérniga)».

Con estos datos en la mano, desde el Gobierno regional tienen claro que no se dan, en principio, los requisitos para la declaración por el Consejo de Ministros de «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil» -lo que antiguamente se conocía por zona catastrófica, como si ocurrió en enero, aunque aún no se hayan recibido las ayudas-. La magnitud de los hechos no ha sido suficiente, lo que hace pensar al Ejecutivo que tendrá que asumir los costes. «Salvo que la valoración de los ayuntamientos tenga una entidad suficiente, que entonces habría que estudiar si se solicita», aclaraban fuentes del Gobierno (no parece probable).

Otra cosa es lo relativo a propiedades particulares. «Se recomienda a los propietarios inventariar los artículos dañados, con fotografías y con los documentos acreditativos de la propiedad», especifican. Más allá de seguros -y del Consorcio de Compensación-, se puede acudir a la normativa «que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica». «La competencia para la tramitación de estas ayudas corresponde a la Delegación de Gobierno, por lo que los afectados deben remitir a ella sus solicitudes».

El informe también insiste en la necesidad de que el Ministerio de Transición Ecológica invierta en lo que queda de año y en los primeros meses de 2020 «al menos un millón en seguir limpiando los cauces, desentaponando y quitando arrastre, que es fundamental para que los ríos estén en mejores condiciones», según especificó la consejera de Presidencia Paula Fernández en RNE.