El Gobierno de Cantabria firma el pacto por la sanidad, pero solo con los médicos

De entrada, llama la atención que, a diferencia del pacto firmado en 2015, cuando precisamente la ahora presidenta estaba al frente de la sanidad cántabra –aquel que quedó en papel mojado con la llegada del bipartito PRC-PSOE al Gobierno–, en esta ocasión el documento no haga mención al colectivo de enfermería. «Estamos trabajando en ello para llegar a un acuerdo en unos términos similares a los pactados con los médicos», respondió Buruaga a preguntas de este periódico. De hecho, el borrador sobre el que se ha estado trabajando en los últimos meses, en el que también participaron activamente los sindicatos CSIF y Satse (ajenos a la firma de esta mañana), se refería tanto a médicos como a enfermeros. Un cambio de guion que la presidenta achaca a los tiempos, porque el compromiso era alcanzar «un pacto por la sanidad en los primeros 100 días de Gobierno» que resultó imposible, porque «heredamos una situación de tierra quemada, consecuencia de un auténtico caos en la gestión, donde lo urgente ha desplazado a lo importante». De ahí, ha explicado, que la Consejería haya centrado los esfuerzos en recuperar la actividad asistencial: acordar medidas para atajar los problemas de falta de personal del hospital de Laredo y recuperar los programas especiales (las famosas peonadas) para desatascar las peores listas de espera de la historia del SCS. Y es ahora, «tan pronto como ha sido posible», ha remarcado, cuando se ha alcanzado el acuerdo con los médicos, justo a unas semanas de que se celebren las elecciones sindicales en el ámbito sanitario.

«Un acuerdo al que no se le puede poner ni un pero», ha afirmado, que persigue «evitar que la sanidad sea objeto de confrontación partidista» y «revitalizar el diálogo y los consensos políticos, profesionales y sociales de modo que nuestro sistema autonómico de salud sea defendido como uno de los pilares de nuestra sociedad de bienestar». Para ello, el Gobierno de Cantabria asume con el Colegio el compromiso de «apoyar la promoción y desarrollo de la Deontología profesional», mantener y ampliar «en virtud de la disponibilidad presupuestaria» el apoyo al Programa de Atención al Médico Enfermo (Paime) creado por el Colegio de Médicos de Cantabria; colaborar en «la lucha contra el intrusismo» y «contra las agresiones a profesionales, un intolerable hecho que desgraciadamente adquiere mayor incidencia día a día». Medidas aplaudidas por el presidente de la entidad colegial, Javier Hernández de Sande, presente en la firma del acuerdo.

Pero, además, el compromiso del Gobierno supondrá también subidas retributivas, con un montante que asciende a 10,5 millones de euros en cuatro años. En concreto, se recoge un incremento lineal para los profesionales médicos «como reconocimiento a la especial dedicación, puesta de manifiesto de manera extraordinaria durante la pandemia, pero también en el día a día», que se traducirá en 400 euros mensuales con la siguiente distribución anual: 210 euros el primer año, 90 el segundo y 50 el tercero y el cuarto. Además, el acuerdo firmado contempla también «dotar a los médicos de mayor participación, mediante la aportación de sugerencias» y «una política de total transparencia en el ámbito asistencial y de los recursos humanos, informando previamente sobre las modificaciones previstas en las plantillas». Medidas ambas que, con seguridad, evitarán conflictos como el protagonizado la semana pasada en el Hospital Valdecilla, donde todos los jefes de servicios hicieron frente común para tumbar la propuesta de concurso de traslados decidida, sin consultar, desde la Gerencia del SCS. Un fuego que el equipo de César Pascual se dio prisa en apagar apenas 24 horas después de estallar públicamente.

Para «recompensar, retener talento, tratar de fidelizar y atraer a profesionales médicos a Cantabria», además de la inyección económica en la nómina, en concepto de productividad, Sanidad se compromete a «fomentar la estabilidad en el empleo, ejecutando las oposiciones pendientes y convocando OPE anuales», así como a «actualizar el acuerdo de permisos y vacaciones, teniendo en cuenta la adecuación de la vida familiar, personal y laboral». Sin olvidar, ha remarcado Buruaga, la búsqueda de soluciones al grave problema de la Atención Primaria. El acuerdo recoge, a juicio del Sindicato Médico tres cuestiones imprescindibles para la profesión, como son «el reconocimiento al liderazgo del médico en la sanidad cántabra –punta de lanza en la lucha contra la enfermedad–»; la recuperación del diálogo como elemento de relación primordial y con él, poco a poco, la confianza que el colectivo había perdido en sus dirigentes»; y «medidas económicas que nos hacen más competitivos a la hora de captar médicos y retener talento y revierten también recortes que se venían arrastrando de la crisis anterior».

Desde el sindicato CSIF sostienen que «se ha perdido la oportunidad de un gran pacto global que incluya a todos los trabajadores». No en vano, aseguran que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones de trabajo con la Consejería para perfilar esta propuesta de acción de la que «hemos sido totalmente excluidos». «El Gobierno de Cantabria, con su presidenta María José Sáenz de Buruaga a la cabeza, y la Consejería de Salud, con César Pascual como máximo responsable, han decidido tirar a la basura la colaboración y trabajo realizado por esta organización sindical y menospreciar por extensión a los trabajadores a los que representan por una foto y un pacto incompleto. Ha pesado más para este Gobierno, la obtención de unos cuantos votos para las elecciones europeas del próximo 9 de junio que avanzar en la armonía y respeto entre los actores de la sanidad de Cantabria», denuncia sin ocultar su decepción su responsable autonómica, Margarita Ferreras. Aunque destaca que «el documento supone un avance y contiene mejoras razonables», critica que «esta maniobra antisindical, partidista, unilateral y de menoscabo desluce su puesta de largo y su desarrollo en el futuro cercano».

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