El Gobierno de Cantabria identifica 325 trámites «obsoletos» que frenan su agilidad burocrática

Lo cierto es que en todo ese proceso que el actual Ejecutivo del Partido Popular ha venido realizando para armar la futura ley también ha emergido un claro diagnóstico de situación de dónde se hallan las principales barreras en la Administración a la hora de que los expedientes lleguen a buen puerto y, sobre todo, de una manera relativamente ágil. La Consejería de Presidencia que pilota Isabel Urrutia ha localizado más de 300 procedimientos –325 en concreto– que considera «obsoletos», que suponen casi el 20% de los más de 1.500 actualmente activos en la tramitación regional.

Unas asincronías que entorpecen la normal relación entre el Gobierno y sus administrados, y que quedan recogidas en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado regionalista Pedro Hernando. En la misma, consultada por El Diario Montañés, la Dirección General de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana sostiene que se ha realizado «una revisión pormenorizada» de los procedimientos que constan en el inventario automatizado de Cantabria. En total, 1.581, de los cuales 925 son de carácter general. A partir de ahí, el desglose de los 325 procesos que son «susceptibles de alguna mejora mediante la implantación de actuaciones en materia de simplificación administrativa», esto es, que la futura ley ahora en desarrollo podrá corregir.

Por consejerías, en Presidencia y Justicia destacan, entre otros, la homologación e informe de planes de Protección Civil por la Comisión de la Comunidad Autónoma de Cantabria; la inscripción de la modificación de estatutos, fusión, extinción y liquidación de fundaciones; la emisión de certificados registrales en fundaciones, colegios profesionales o asociaciones; y la autorización de espectáculos taurinos.

En el ámbito de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Gobierno localiza margen de mejora en el canon de agua residual industrial; la autorización de vertidos desde tierra al dominio público marítimo terrestre; y la autorización e informe de obras, instalaciones, edificaciones y actuaciones a realizar en las zonas de influencia de las carreteras pertenecientes a la red autonómica.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos también arroja varios procedimientos desfasados. Entre ellos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el recurso de reposición previo a la reclamación económico-administrativa; la cancelación de fianzas de arrendamiento; la tasación pericial contradictoria; la comprobación de valores; y la reclamación económico-administrativa.

En Educación, Formación Profesional y Universidades presentan asincronías procedimientos relativos a la evaluación y acreditación de competencias profesionales; así como las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional. También se incluyen en el listado la admisión en modalidad oficial en las enseñanzas de idiomas o conservatorios; además de los expedientes disciplinarios a alumnos; becas para posgraduados; la adjudicación de destinos a funcionarios interinos y en prácticas; y los procesos selectivos para personal docente.

Cultura, Turismo y Deporte no escapa a las posibilidades de mejora. Según la Dirección General de Simplificación Administrativa, hay que corregir actuaciones relativas a las reformas, cambios de titular y cese de establecimientos extrahoteleros; los trámites para poner en marcha una cabaña pasiega; el inicio de actividad de un negocio hotelero; la clasificación de restaurantes, cafeterías y bares; y la declaración de Bien de Interés Cultural, entre otros.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación está desfasado el registro de establecimientos del sector de la alimentación animal; de las explotaciones ganaderas; la tramitación de expedientes de concentración parcelaria; así como determinados informes de la Red Natura para la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).

En Industria sobresale la obsolescencia de la autorización de instalación de cogeneración, así como instalaciones eléctricas de alta tensión; las expropiaciones forzosas para ejecutar proyectos en materia de energía, minas o promoción industrial; el procedimiento para sancionar en materia laboral y de prevención de riesgos; las reclamaciones y denuncias de los consumidores; y la extensión de convenios colectivos.

En Salud, el área que más trámites aglutina de cara a la futura ley, se incluye la selección de personal estatutario; o la asignación de médico de familia y pediatra; además de varios trámites ligados a la instalación de centros y servicios.

En Inclusión se subraya por ejemplo el reconocimiento del grado de discapacidad; el registro de parejas de hecho; y la prestación por emergencia social.

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