El Gobierno de Cantabria prepara una veintena de leyes tras un año en blanco en el Parlamento

Para quien tras esa afirmación se esté ahora acordando de la modificación de la Ley del Suelo que prometió el Partido Popular y que está en vigor desde el 1 de enero para recuperar el anterior régimen –uno más liberalizador– de construcción de viviendas unifamiliares en rústico hay que explicarle que aquel procedimiento tuvo truco. El Gobierno autonómico incluyó los cambios en la norma dentro de la Ley de Medidas, que también recogía la modificación de otras 30 leyes. Aunque de manera excepcional el PP accedió a celebrar un debate propio sobre la Ley del Suelo, su aprobación se hizo mediante un procedimiento de urgencia y excepcional, algo que le valió la reprimenda del Consejo Económico y Social de Cantabria (Cescán). Además, está pendiente su vigencia más allá de septiembre porque el Ministerio de Política Territorial, que ya ha dado los pasos previos, está convencido de intentar tumbarla en el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias estatales relacionadas con la protección del medio ambiente.

La realidad es que la Cámara no ha tramitado de principio a fin ninguna ley en lo que va de legislatura y que el único asunto que ha comenzado a debatirse es la Ley de Juventud. El borrador de una ley que no ha enviado al Parlamento el Gobierno, sino que parte de una propuesta el PRC.

Los consejeros de Buruaga tendrán que pisar el acelerador para alcanzar las 27 leyes –la mayoría partieron del bipartito, pero alguna como la Ley de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo fueron por impulso de los grupos parlamentarios, en este caso de Vox– que salieron adelante durante los cuatro años previos. Y parece que la intención del PP va por ese camino. Entre la cascada de anuncios que realizó la presidenta durante el debate sobre el estado de la región había muchas leyes que están a punto de salir a información pública o que ya han superado ese proceso y que serán aprobadas en los próximos meses por parte del Consejo de Gobierno para que empiecen a debatirse y mejorarse en el Parlamento.

Una de las primeras será la prometida Ley de Simplificación Administrativa, que eliminará trabas burocráticas para facilitar la actividad económica y crear un ambiente amigable para las empresas, una de las bases del cambio de modelo que promete el PP. En la Consejería de Presidencia también tienen entre manos las de Participación, de Lucha contra la Despoblación, de Función Pública y de Régimen Local, cada una con objetivos propios.

La otra área con más tarea normativa por delante es la de Roberto Media. En Fomento trabajan en las de Control Ambiental –también para facilitar los trámites de evaluación ambiental y abrir las puertas a la inversión–, de Carreteras, de Transporte Marítimo o de Vivienda. En el caso de esta última, el PSOE dejó ya redactado un borrador, al que ahora el PP dará un giro de 180 grados. Según los populares, el texto del bipartito era demasiado intervencionista, no resolvía los principales problemas en la materia y no tenía medidas para luchar contra la okupación.

También las leyes de Participación Ciudadana o Despoblación vienen de la legislatura anterior. U otras como la de Salud Pública, Juventud o la que servirá para crear el Consejo LGTBI de Cantabria. Hay un puñado que quedaron colgando de la etapa de regionalistas y socialistas y que el nuevo Ejecutivo cántabro ha decidido enterrar definitivamente. Ocurre con la iniciativa que arrancaron los exconsejeros Raúl Pesquera para internalizar el servicio de ambulancias y Paula Fernández para crear una ley de comarcas. En el primer caso, el PP prefiere que el servicio se preste desde una empresa privada, en el segundo, entiende que las comarcas traerán más problemas que soluciones.

Y luego está la modificación de la Ley de Memoria Democrática que pactaron PP y Vox. Buruaga ni la citó en su discurso, pero mantiene la intención de suprimir los aspectos más ideológicos, aunque manteniendo las ayudas a las víctimas y a las exhumaciones.