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En noviembre de 2014, el Gobierno de Cantabria de Ignacio Diego (PP), sacó a concurso público catorce frecuencias de radio. Entre ellas la 99.2, que fue adjudicada un año después, en diciembre de 2015, con el ya bipartito PRC-PSOE, a Gestora de Medios Cantabria S.L. Poco le duró. Tras conocer el detalle de las condiciones esenciales que corresponden a su licencia, la empresa terminó presentando la renuncia al procedimiento de concesión de licencia audiovisual «por retraso en la adjudicación».
¿Qué vino después? En diciembre de 2016 se declaró extinguida la licencia de comunicación audiovisual «6R Santander 99.2 Mhz» y se acordó volver a sacarla a licitación en menos de seis meses posteriores a esa fecha. No ocurrió. Desde el Gobierno achacan esta demora a «diversos recursos contenciosos pendientes». Recursos que parecen ya estar resueltos. Ahora, tras diez años en la recámara, la 99.2 vuelve a salir a concurso para la prestación de servicios de carácter comercial y en abierto.
Fue una de las órdenes publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado lunes, en la que también se detalla los pasos a seguir para poder solicitar la licencia. Los candidatos podrán presentarse hasta el 22 de noviembre y deberán de entregar la documentación requerida (administrativa y técnica) a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Solo una proposición por solicitante que será evaluada por la Mesa de Valoración.
Para adjudicar la licencia hay varias condiciones. Para empezar, el concesionario deberá de cumplir con las normas relativas a las condiciones técnicas de la licencia y de homologación de los equipos. Además, el titular estará obligado a emitir en abierto un mínimo de 14 horas, sin contar programación repetida ni espacios publicitarios. El 25% de esas horas (3,5) tendrán que estar dedicadas a programas de contenido original autonómico especifico de la zona de cobertura. Esos minutos tendrán que distribuirse entre las 13.00 y las 16.00 horas y entre las 20.00 y las 23.00 horas. También tendrá que garantizar la prestación continuada del servicio, difundir gratuitamente los comunicados o avisos de interés público remitidos por el Gobierno y grabar todas sus emisiones para, cuando proceda, ponerlas a disposición de la autoridad competente.
El adjudicatario de la licencia estará sujeto al cumplimiento «estricto» de una serie de principios, como la objetividad, la veracidad o la imparcialidad. También tendrá que separar lo que es información de lo que es opinión y respetar el pluralismo, el honor, la vida privada y el principio de igualdad, así como «fomentar y defender la cultura y el patrimonio».
Hay más requisitos. En el caso de que el solicitante sea una persona física deberá de tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, o el domicilio social en caso de ser persona jurídica. Estos últimos también tendrán que tener incluidos en sus estatutos la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos o televisivos. No podrán optar a la adjudicación «en ningún caso» aquellas personas que habiendo tenido una licencia previa «hayan sido sancionadas o hayan atentado contra los principios y valores del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
No habrá que pagar para optar a la adjudicación, pero sí se solicitará «una garantía definitiva» de 45.000 euros.
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