El Gobierno de Cantabria ha sancionado en lo que va de año a 66 propietarios de pisos turísticos ilegales

«No tiene sentido que sancionen a una cifra tan pequeña», reprocha Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcán). «Lo que está ocurriendo ahora mismo con el Gobierno es que no tiene medios para abrir más sanciones. No hay personal», explica el responsable de un colectivo que afirma sentirse «uno de los principales perjudicados de que existan pisos que realizan este negocio de manera ilegal». El mecanismo es sencillo: una serie de funcionarios sondea las redes en busca de anuncios de inmuebles que no estén registrados como pisos de uso turístico; «pero a veces es complicado localizar un inmueble solo con la foto de un salón», certifica Paino.

Hay otros mecanismos que podrían resultar más eficaces en esta búsqueda. «Por ejemplo, abrir un buzón ciudadano para que cada cual pudiera denunciar de manera anónima». O solicitar la colaboración a la Policía y Guardia Civil, incluso a la Agencia Tributaria. La mera presencia en una página de anuncios como las que son de sobra conocidas obliga a remitir datos a Hacienda. Si alguien se ocupara de cotejar estas bases de datos, podrían surgir multitud de inmuebles que desarrollan su actividad ilegalmente.

«La Policía, tanto nacional como local en muchos ayuntamientos, conoce casos de estos pisos, pero como no es su competencia, no actúa», insiste el responsable de Avutcán. «Con su colaboración el trabajo de identificación de todos estos pisos no recaería solo en los funcionarios de Turismo», apunta.

Las 66 sanciones impuestas en lo que va de año por el Gobierno cántabro parecen escasas incluso si se tiene en cuenta que la cifra de denuncias remitidas por la Asociación de Turismo Rural a inicios del pasado verano fueron más de 400. «Nos consta que han comenzado a remitir las multas a algunos de los inmuebles que nosotros denunciamos», expone Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural, otro de los colectivos especialmente perjudicados por estas prácticas irregulares.

«No me parece mal que la gente quiera sacar rendimiento a sus viviendas; pero sí me parece injusto que a unos nos pidan unos requisitos y los demás puedan dedicarse al mismo negocio sin cumplirlos. Si estamos todos en el juego, me parece bien, pero todos con las mismas condiciones, y eso implica la necesidad de que todos sean legales», insiste Blanco sobre un fenómeno que, según apuntan sus compañeros del sector, está causando una sangría en el negocio. Su perfil de cliente, familias y grupos amplios, está mudando hacia este tipo de viviendas.

Desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), las sanciones se ven como «una medida disuasoria necesaria», asegura Bárbara Gutiérrez, directora del colectivo; aunque no esconde su desagrado porque «son muy pocas. Muchas menos de las que deberían». Y en esa cruzada por perseguir a quienes incumplen, asegura que las propias comunidades de vecinos también tienen mucho que decir. «Tienen que ser los residentes los que decidan en reunión si prohíben ese uso en sus comunidades. Y en ese sentido sería bueno que pudiéramos también contar con esta herramienta para frenar esta proliferación indiscriminada», señala.

Un crecimiento que está haciendo mella en las facturaciones de los hoteles y hostales, que gracias a un verano de récord han trabajado bien, pero que podrían haber estado al 100% de ocupación todos los días de la semana, incluso en muchas otras épocas del año, pues la principal amenaza de este tipo de alquileres vacacionales es que se están imponiendo a los alojamientos tradicionales sobre todo en la temporada baja, y ahí, en la desestacionalización del turismo, es donde más hincapié se ha hecho en los últimos años para cuadrar las cuentas del sector en Cantabria.

Todos coinciden en la necesidad de que llegue pronto el nuevo decreto que regule los pisos turísticos ilegales. Entre tanto, ni siquiera los ayuntamientos pueden actuar sobre ellos, porque hasta que esté en marcha el nuevo marco normativo, tienen las manos atadas.