El Gobierno cántabro garantiza que las viviendas que se construyan ahora en suelo rústico serán legales

Eso es la foto fija, pero el marco legal puede cambiar a corto plazo. Porque el Gobierno central, que está convencido que la ley de Buruaga es «inconstitucional» porque invade las competencias estatales y «equipara los suelos rústicos con los urbanos» en contra de las normas superiores que exigen una mayor protección ambiental para los primeros, tiene intención de tumbar la reforma del PP. Aunque se ha abierto un periodo de negociación entre las partes de seis meses que la Consejería de Fomento espera que sirva para limar asperezas, la posición del Ministerio de Política Territorial es «llegar hasta el final» y presentar un recurso en el Tribunal Constitucional en caso de que la comunidad autónoma no dé su brazo a torcer.

Lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en caso de que no haya un acuerdo previo es, evidentemente, una incógnita. Podría dar la razón a Cantabria y nada cambiaría o podría dársela al Ministerio. Y en este segundo supuesto, la prohibición de construir en rústico podría venir acompañado por un abanico de excepciones más o menos amplio. ¿La consecuencia? Que muchos propietarios de terrenos rústicos situados a menos de 200 metros de suelos urbanos que hoy están pensando en construir una casa -o vender el suelo para que lo haga otro- pueden perder esa posibilidad.

Eso sí, lo que garantiza el Ejecutivo regional es que una hipotética sentencia en contra de la norma cántabra no tendrá efectos retroactivos. Es decir, que las viviendas que se han construido con la ley actual serán totalmente legales aunque más tarde la Justicia diga que la norma no era constitucional. En un escenario de total incertidumbre, eso implica que existe la certeza de que es imposible que la Justicia mande parar las obras de viviendas que se iniciaron con todos los permisos en regla cuando la norma estaba en vigor o que ordene el derribo de las que ya están acabadas. Lo dice la Dirección General de Urbanismo y también el Colegio de Arquitectos de Cantabria.

Su presidente, Moisés Castro, que en distintas ocasiones se ha manifestado en contra de que la Administración autonómica permita la construcción de viviendas en rústico -solo en casos excepcionales- y pide que el crecimiento de los municipios se haga de forma ordenada a través de la figura del Plan General, lamenta la situación de «incertidumbre e inseguridad jurídica» que el enfrentamiento entre Madrid y Cantabria va a generar. Ese nerviosismo de los dueños de terrenos ya lo están notando en el sector. Además, avanza que la consecuencia más inmediata será un repunte de las solicitudes por la inquietud de toda esa gente que no tenía prisa en construir y que ahora se apresurará por si, en unos meses, la ley se lo prohíbe.