El Gobierno cántabro insistirá en derogar la Ley de Memoria Histórica

Esta insistencia del Ejecutivo cántabro en derogar la ley va en dirección contraria a lo que ocurre en otras comunidades gobernadas por el PP, donde la ruptura con Vox del mes pasado ha frenado cualquier iniciativa en marcha. La diferencia con respecto a otros territorios, matizan desde el PP, es que allí la eliminación de la normativa de Memoria Histórica formaba parte de un acuerdo con la extrema derecha, mientras que en Cantabria ese pacto no existía y la medida venía reflejada en el programa electoral de los populares.

En cualquier caso, el contraste en los mensajes es total. El Gobierno de María Guardiola en Extremadura, por ejemplo, ha desistido de derogar la ley porque «en este momento no es una prioridad, estamos aplicando la legislación actual y vamos a seguir trabajando por la memoria de las personas que fueron asesinadas por sus ideas o por su vinculación política», señalaron desde el Ejecutivo extremeño.

La situación en Valencia es un poco distinta. El Gobierno del PP que preside Carlos Mazón ya tiene aprobada la llamada Ley de Concordia que sustituye a la socialista, sin embargo, está abierto a pactar con el Estado para «construir desde el diálogo» el reglamento que tiene que desarrollar esa norma.

Mientras tanto, en Castilla y León está previsto que el PP frene en el Parlamento la tramitación parlamentaria de la derogación de la ley y aprobación de la sustituta.

María José Sáenz de Buruaga tampoco va a esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso que interpuso Pedro Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria de Aragón. Si el Alto Tribunal falla en contra de la comunidad y a favor del Estado, enterraría cualquier iniciativa del PP de eliminar la legislación de Memoria Histórica. En Aragón y, lógicamente, en Cantabria también.

En el caso de que el TC sí permita las derogaciones de la ley, el PP cántabro sigue trabajando en su proyecto de ley, que aún no está previsto si llegará al Parlamento de forma independiente o dentro de la Ley de Medidas del próximo Presupuesto. En cualquier caso, la presidenta regional considera innegociable mantener las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para que las familias puedan recuperar sus restos, así como la conservación de toda la documentación disponible en la comunidad sobre esa etapa histórica. Una vez derogada la ley, el plan es que las exhumaciones estén amparadas por la Ley de Patrimonio, mientras que el material documental se custodie gracias a la Ley de Archivos y Bibliotecas, según informaron desde el PP.