El Gobierno cántabro rechaza crear una tasa turística pese al interés de varios municipios

En el caso de Cantabria, ni tiene tasa turística ni la va a tener a corto medio. Desde la Dirección General de Turismo recuerdan que la Ley de Tasas establece que la competencia en esta materia le corresponde a la comunidad autónoma. Además, los técnicos precisan que, probablemente, la figura impositiva más apropiada sería la de un impuesto, que también exige que el Parlamento «apruebe una ley específica y una justificación bien motivada». Pero la posición política del Gobierno de Cantabria es que no son partidarios de ninguna de las dos formas. En este momento, la consejería que dirige Eva Guillermina Fernández «no tiene intención alguna de introducir ninguna tasa o impuesto sobre esta materia». De hecho, la ausencia de un marco normativo regional fue lo que llevó al pleno de Santander, entre otros argumentos, a descartar el pasado mes de enero la creación de una figura impositiva de este tipo en la capital.

La posición del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y de la alcaldesa Gema Igual en Santander choca con la de otros regidores de municipios receptores de turistas de Cantabria. No es que reclamen directamente al Ejecutivo autonómico que les dé herramientas para crear una tasa turística porque quieran ponerla en marcha de inmediato, pero al menos sí son partidarios de estudiar esta opción. Los que están en este grupo consideran que no desincentivaría la llegada de turistas y que tendría un impacto positivo en las cuentas municipales y en la prestación de los servicios públicos, tanto a vecinos como a visitantes.

«Sin lugar a dudas es un tema muy interesante y que compete inicialmente al ámbito autonómico. Aun así, para los municipios pequeños sería una forma de financiar servicios como el de seguridad, residuos, limpieza e incluso obras de uso público», explica Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas. La regionalista ve con buenos ojos el modelo, pero también añade algunas cautelas. Por ejemplo, la forma para su implementación, que «debería ser cuidadosa para salvaguardar a todos los empresarios del sector turístico» y que también tendría que aplicarse a los establecimientos no reglados «para que lo pague por igual un visitante en un hotel o un apartamento de uso turístico».

Su homólogo en Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, propone una fórmula que encaja con la premisa que apuntaba Noceda: que una parte de esa tasa sirva para sufragar los servicios municipales, pero que la otra revierta en los empresarios locales en forma de beneficios fiscales. Es decir, que la aportación de los turistas se traduzca en reducciones del IBI o de la tasa de basuras de los establecimientos, que serían a su vez los que tendrían que hacer un esfuerzo para cobrarla a sus clientes. «Aquí tenemos 4.500 camas. Creo que bien estudiado y bien trabajado, la tasa turística podría ser buena opción. Me parece que es una cuestión que hay que tener en cuenta a futuro», insiste Rodríguez, que está convencido de que nadie dejaría de ir a Santillana por cobrar uno o dos euros adicionales y defiende que, de implantarse, tendría que ser un gravamen «que no sea un atraco» y gradual en función del tipo de establecimiento para que la cantidad no sea la misma en un pequeño hostal que en un hotel de lujo.

«La gente quiere un buen servicio y con esta tasa podría ser mejor que el que ya prestamos», apunta Rodríguez, que recuerda que también hubo debate y posiciones encontradas cuando los municipios comenzaron a implantar el estacionamiento regulado de vehículos y ahora está «totalmente normalizado». Lo que el regidor socialista rechaza de plano es cobrar por entrar en plazas o espacios públicos, como pretende el Ayuntamiento de Sevilla en la Plaza de España, una propuesta que ha derivado en polémica nacional.

Menos entusiasmo muestra desde San Vicente de la Barquera Charo Urquiza, donde aún no se han planteado este asunto: «Habría que valorar diferentes cuestiones y perfilar muchos matices, no hacerlo a la ligera. Eso sí, la población de este municipio se cuadruplica en la temporada de verano y la necesidad de mayores servicios existe. En ocasiones es inasumible para las arcas municipales. Cobrar una tasa de este tipo no tiene que ser malo si repercute en mejores servicios». Es decir, que no lo vería con malos ojos si hay un acuerdo previo entre Gobierno y municipios.

Aunque la muestra de alcaldes no es lo suficientemente amplia y representativa para sacar grandes conclusiones, sí se aprecia cierto sesgo ideológico a la hora de dar una opinión sobre las tasas turísticas, con regidores socialistas y regionalistas más favorables -si no defensores, por lo menos no se oponen frontalmente- y con los populares totalmente contrarios. «Totalmente descartado. Ni lo queremos ni nos lo hemos planteado nunca», apunta desde Noja la popular Mireia Maza. No explica claramente sus motivos, pero entiende que los municipios que defienden la postura contraria tendrán los suyos.

Más claro es el alcalde de Potes, su compañero de partido Javier Gómez. «Entiendo y comparto que en determinados monumentos se cobre una entrada, pero de forma general, por venir a Liébana a quedarse, no. En Cantabria no veo ningún beneficio a ese sistema. Nosotros, por la estructura económica que tenemos, lo que debemos hacer es propiciar las mejores condiciones posibles para que sigan llegando turistas», valora. Aunque comparte con los alcaldes de Comillas, Santillana y San Vicente que la condición de lugar turístico de Potes genera «un sobrecoste evidente, es más grande la riqueza que se crea». Gómez pone el ejemplo de la Fiesta del Orujo: «Hay que reforzar la limpieza o la recogida de basura, pero gracias al evento y a la llegada de personas de fuera pueden seguir abiertos más de cien negocios y se consigue fijar población».

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