El Gobierno cántabro rectifica y no reclamará al Estado asumir la gestión del ingreso mínimo vital

Los argumentos que expuso la socialista y que convencieron al jefe del Ejecutivo, que en un primer momento se mostró firme en su reclamación al Gobierno central, tienen que ver con las dificultades administrativas que supondrían realizar el proceso administrativo desde Cantabria. En primer lugar, porque todos los datos fiscales y personales que hay que verificar para comprar si una persona tiene derecho o no al ingreso mínimo vital están en Madrid. Además, requeriría reforzar la plantilla para hacer frente al aumento de la carga de trabajo. Ahora, este proceso lo están asumiendo las oficinas de la Seguridad Social y los servicios sociales municipales.

«Como al fin de cuentas es una partida finalista, ¿qué más da que la pague yo que la paguen ellos, si la capacidad de gestión es nula», recuerda Revilla, que afirma que la comunidad autónoma estará vigilante para que todo aquel cántabro que tiene derecho a la ayuda la reciba. A todo esto, el presidente regional suma el temor de que se repita lo que ocurre con la Ley de Dependencia. Aunque el espíritu de la norma era pagar a medias entre Gobierno central y los autonómicos, «estamos pagando el 80%, más de 100 millones. Esto es insostenible».

El ministro Escrivá, ideólogo de la iniciativa, ya adelantó que no ponía pegas a que las autonomías asumieran su gestión, pero a partir de 2021, al entender que en estos momentos ningún gobierno regional tiene la capacidad para ponerlo en marcha de forma inmediata, como es intención del Estado. De hecho, ya se pueden realizar las solicitudes de ayuda, este mes se realizarán los primeros ingresos y el derecho a la prestación se reconoce con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

El ingreso mínimo es una aportación directa -entre 461,5 y 1.015,3 euros en función de las características de la unidad familiar- para personas económicamente vulnerables que busca «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social» que está ideada para no desincentivar la búsqueda de empleo de los beneficiarios, alrededor de 850.000 hogares en toda España. En Cantabria, se estima que alcanzará a las mismas familias que ahora reciben los 450 euros -esa es la ayuda base- de la renta básica social, de la que en estos momentos se benefician 5.863 hogares.

Después de analizarlo, el Ejecutivo ha resuelto que, con esa idea de incentivar la búsqueda de empleo de los beneficiarios, ambas prestaciones son incompatibles. Es decir, que la renta básica autonómica tiende a desaparecer. Eso sí, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales garantiza que nadie se quedará sin apoyo económico hasta que no concluya el proceso de transición. Así, Cantabria se ahorrará alrededor de 20 millones de euros al año, que como pactó el Gobierno con el PP en la Comisión Covid del Parlamento regional, destinará a otros asuntos sociales.

Los primeros cántabros que recibirán el ingreso mínimo vital son los beneficiarios de la ayuda por hijo a cargo.