El Gobierno niega haber cerrado un pacto aunque Carrancio reconoce que «está casi hecho»

El ex integrante de Ciudadanos, por su lado, lleva la contraria al Ejecutivo y no sólo afirma que el citado acuerdo «está prácticamente hecho», sino que se muestra «optimista» al respecto. Sobre las razones del Gobierno para negar esas conversaciones, Carrancio simplemente señala: «Ellos sabrán». Lo relevante, a su juicio, es que ya se ha dado «el paso más difícil», que era que el Gobierno aceptara su propuesta fiscal pese a que obliga a «recortar gasto». «Faltan unos flecos no financieros en los compromisos, pero con Juanjo (Sota) ya llegué al preacuerdo, vamos a decir, que le encajaba», ha dicho sobre la negociación con el consejero de Economía, el socialista Juan José Sota.

Carrancio, que niega ser un tránsfuga, proponía que en el Impuesto de Transmisiones de Bienes Inmuebles se mantenga el tipo impositivo al 8%, en lugar del 10% que recogía inicialmente el Gobierno, para rentas declaradas que no superen los 30.000 euros. Esta iniciativa afecta a las viviendas de segunda mano de menos de 300.000 euros.

En donaciones, pedía reducir el gravamen al 1% en las que son entre cónyuges, descendientes, adoptados y tutorizados hasta 50.000 euros, frente al 6% que pretende el Gobierno. Y en sucesiones, pide aumentar la bonificación del 100% hasta el límite de los que perciban 100.000 euros de herencia, ya que estaba marcado en 60.000 euros.

Socialistas y regionalistas dicen estar dispuestos a admitir enmiendas de «todos los partidos de la oposición». PP y C´s por su parte, consideran que «nunca» ha habido una verdadera intención de negociar con ellos ya que «todo estaba apañado desde el principio».

Mientras, el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, asegura que «va a poner todo el empeño» para que el Presupuesto del año que viene salga adelante con el apoyo de Podemos, partido que, a su vez, también se muestra dispuesto a seguir negociando y asegura que va a hacer «todo lo posible» por intentar dicho acuerdo «antes de que los Presupuestos salgan adelante con un tránsfuga».

La formación morada advierte, sin embargo, de que mantendrá sus «máximas» sobre el Presupuesto, como la Renta Social Básica o su «justa» y «progresiva» reforma fiscal.

Sobre la coincidencia de las enmiendas de PRC y PSOE en materia fiscal con las de Carrancio, se ha limitado a señalar que son informaciones de los medios de comunicación.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Víctor Casal, ha señalado que se van revisar las enmiendas de «todos los partidos» para ver «cuáles son asumibles» y también ha confiado en que el resto de formaciones sean «generosas» y si se admiten sus enmiendas y voten a favor de los PGC.

Pese a lo ocurrido con las enmiendas, la diputada regionalista Rosa Valdés (PRC), miembro del equipo de negociación de los regionalistas, ha asegurado no haber leído las propuestas de Carrancio y ha insistido en que «no le consta para nada en absoluto» que esté cerca el acuerdo con Carrancio.

De hecho, ha señalado que la intención de su grupo es mantener a partir de la semana que viene una nueva ronda de contactos «con todos los grupos».

«No tenemos de verdad ningún acuerdo previo de ningún tipo», ha insistido Valdés, que segura que la «intención» de los regionalistas es «trabajar con el resto de grupos» y ver aquellas enmiendas, incluidas las que versan sobre impuestos, que puedan admitirse.

Pese a mostrarse abierta a negociar, ha insistido en la necesidad de que Cantabria cuente con un PGC en vigor el 1 de enero. «No podemos pretender que los problemas internos que tienen varios partidos de la Cámara condicionen la acción del Gobierno», ha dicho.

La presidenta del PP cántabro y del grupo parlamentario popular, María José Sáenz de Buruaga, cree que lo ocurrido con las enmiendas parciales de PRC y PSOE asumiendo la propuesta fiscal de Carrancio dejan «la cruda realidad al descubierto» y al Gobierno «al desnudo».

También queda «completemente disipado» que no existía «ninguna verdadera voluntad» de negociación con los grupos de la oposición sobre el Presupuesto porque el Gobierno «desde el primer momento eligió a su interlocutor preferente»: a Juan Ramón Carrancio, al que continúa denominado el 'diputado número 18' del Ejecutivo.

Sostiene que lo acontecido demuestra que el Gobierno, ni PRC ni PSOE «no son de fiar» porque, a su juicio, «han hecho» lo que dijeron que no harían: negociar con un «tránsfuga».

En este sentido, ha acusado al presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, de haber pasado de ser «víctima» y «azote de los tránsfugas» a ser el «principal beneficiario» de ellos.

Y el diputado 'morado' José Ramón Blanco, cree que sería una «inmoralidad y una degeneración democrática absoluta» que el Presupuesto saliera adelante con un «tránsfuga» que «no representa a nadie» por lo que ha insistido en que, para intentar evitarlo, su partido está dispuesto a seguir negociando, manteniendo sus «máximas» aunque reconociendo su disposición a ceder en algunas de sus enmiendas.

Blanco ha anunciado que Podemos «no puede tolerar que el Gobierno acepte ni una sola de las propiestas de Carrancio» y ha adelantado que, al menos en las áreas políticas que él lleva dentro del grupo parlamentario, dirá 'no' a todas las que plantee este parlamentario, sin entrar a valorarlas.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, cree que lo ocurrido «demuestra que el Gobierno tiene ya 'trapicheado'» el Presupuesto con «el tránsfuga», calificando de «teatrillo cutre» ese intento de negociación con el resto.

También ve «puro teatro» y «palabrería» las declaraciones de Zuloaga asegurando querer seguir negociando con Podemos cuando sus actos muestran una «connivencia» con Carrancio. «Demuestra que el nuevo PSOE se parece en absolutamente todo o se diferencia en absolutamente nada con el viejo».