El Gobierno central abre la puerta a desmantelar la pirámide de Los Italianos

Esta norma, que salió adelante en las Cortes el pasado mes de octubre, incluye la creación de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Según la redacción del texto, todo aquello que se introduzca en este saco y no tenga algún tipo de figura de protección cultural o patrimonial está destinado a su desaparición. A juicio del Ministerio de la Presidencia, que tiene las competencias de Memoria Democrática, la pirámide de Los Italianos reúne todas las características para ser incluida en este catálogo, tal y como se desprende de la respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria del senador Carlos Mulet (Compromís). Esta construcción mandada levantar en 1937 no está protegida, por lo que sus posibilidades de supervivencia son nulas si se aplica la ley tal y como está redactada.

Con la norma en la mano, los partidarios de mantener en pie la pirámide tienen una vía para conseguir su objetivo. Tal y como señalaba el historiador José Ángel Hierro en una columna reciente en El Diario Montañés, la solución sería que la Junta de Castilla y León –aunque se puede acceder al mausoleo desde suelo cántabro, está 100 metros ya dentro de los límites territoriales de Burgos– promoviera su declaración como Bien de Interés Cultural. Por ahora, no hay noticias de que se haya abierto un procedimiento al respecto.

¿Quién se encargará de sufragar el desmantelamiento si finalmente se incluye la pirámide en el catálogo de símbolos fascistas? Pues, aparentemente, el propio Gobierno de Italia. Lo que dice el punto 4 del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática es que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación». Habrá que ver si se lleva a cabo y si esta obligación incumbe solo a las administraciones nacionales o también a las extranjeras.

El senador Mulet no solo ha preguntado al Ministerio de Presidencia por la pirámide de El Escudo, también por los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para diferentes elementos que pueden considerarse como antidemocráticos. En el pasado también se interesó en el avance de Santander y otros municipios cántabros a la hora de eliminar las calles del franquismo, una exigencia de la anterior Ley de Memoria Histórica aún por cumplir en su totalidad.