El Gobierno central fija en 57 las viviendas okupadas hasta el pasado junio en Cantabria

«Es sólo la punta del iceberg», atestigua Noemí Muñoz, delegada nacional de 'Mi barrio seguro', la asociación dedicada a proteger los derechos de los propietarios que sufren estos allanamientos o usurpaciones de viviendas. Lo suscribe el consejero de Fomento del Ejecutivo cántabro: «Por lo menos habrá el doble», asegura Roberto Media, que acredita que en esas cifras «sólo están contenidos los casos que llegan a los juzgados; pero la realidad es otra, mucho peor».

En el Gobierno preocupa la sensación de «inseguridad jurídica» que existe. «Con la nueva Ley de vivienda necesitas dos años, como mínimo, para expulsar a alguien de una casa que deja de pagar. Eso no puede ser», insiste Media. Puede ser una de las razones por las que Cantabria cuenta con más de 50.000 pisos vacíos que no se ponen en alquiler –aunque también hay que contar con que la región cuenta con varias poblaciones turísticas donde proliferan las segundas residencias y eso engorda la cifra–.

«Lo peor de esta situación no son las viviendas okupadas y el perjuicio que esto causa a sus propietarios, sino la sensación de inseguridad jurídica que existe, que daña mucho a este mercado porque si no hay oferta suficiente, y la demanda continúa subiendo, el problema no va a hacer más que crecer porque quien más, quien menos, piensa que le puede suceder también a él», justifica el consejero.

Según el portal pisos.com, el precio medio del alquiler cerró 2024 con una subida del 9,53% y cada vez son más los candidatos para cualquiera de las ofertas de inmuebles que se ponen en el mercado, algo que va en detrimento de la posibilidad de bajar el precio.

Desde el Gobierno cántabro ponen el ejemplo de Argoños, con las ocho viviendas de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo, cuyos propietarios se vieron obligados a abandonar para dar cumplimiento a la sentencia de derribo firme que pesaba sobre ellas. Una orden judicial que no ha podido consumarse porque han sido okupados. «Yademás es que es el problema de nunca acabar porque cuando se culmina el procedimiento para expulsar a uno de los residentes, ellos se organizan para intercambiar la vivienda y obligar a empezar el proceso desde cero», acredita el consejero de Fomento.

La trampa mayor resulta cuando el okupa se enmascara como inquilino, un fenómeno cada vez más común y que ha llevado a acuñar el término inquiokupa. Otra situación que genera cada vez más quebraderos de cabeza a los propietarios y a los vecindarios, y que en ocasiones puede acabar en sucesos como el ocurrido el pasado 1 de febrero, cuando un hombre de 57 años murió en una vivienda de Cacicedo de Camargo víctima de un incendio. El fallecido llevaba residiendo en dicho chalé desde hacía diez años y no había pagado la mensualidad en los últimos cinco.

«Son casos cada vez más comunes y para los que no existe una salvaguarda legal. Si el inquilino se declara vulnerable, y muchas veces ni siquiera lo es, el propietario no puede hacer nada. Y eso no puede ser», lamenta Noemí Muñoz. Defienden en la asociación 'Mi barrio seguro' que no se puede obligar al ciudadano a ser el garantista del escudo social. Son las administraciones las que tienen que hacer lo posible para asegurar el derecho constitucional de una vivienda digna.

El combate está en lo extrajudicial, en la calle. La situación es tan desesperada para muchos propietarios que cada vez más optan por contratar a empresas de desokupación;aunque no siempre tienen éxito. En otras ocasiones se opta por abonar la cuantía que reclaman los propios okupantes.

Cada vez más dueños de viviendas están retirando del mercado sus pisos o los ponen en régimen de alquiler vacacional:«Primero porque ganan más dinero y segundo porque al final se consigue que sea más difícil la okupación, dado que es más difícil que un inquilino vacacional tenga intención de quedarse», matiza Muñoz, que durante varios años ha coordinado también manifestaciones populares que han servido para ejercer presión popular contra los usurpadores de viviendas. «Hemos conseguido muchos éxitos con esas movilizaciones», asegura la responsable de 'Mi barrio seguro'.