El Gobierno central ve «inconstitucional» la ley cántabra para construir en suelo rústico

A juicio del Gobierno central, el modelo cántabro, que ya estuvo vigente entre 2012 y 2022 antes del cambio impulsado por el exconsejero José Luis Gochicoa, permite determinados usos del suelo rústico «prácticamente equivalentes a los permitidos en suelo urbanizable, incluso cuando el municipio cuente con un plan general o normas subsidiarias». De esta forma, Madrid hace suyos los argumentos de distintos grupos ecologistas y partidos políticos que defendían que tanto la ley actual del PP como la anterior que sacó adelante el bipartito PRC-PSOE permitiendo también construir en suelo rústico, aunque con más limitaciones, no se ajustan a derecho.

El Ministerio insiste en su argumentación subrayando que la normativa cántabra incluye unos criterios «más laxos» que los establecidos en la normativa nacional, que atribuye a los suelos rústicos «un valor ambiental intrínseco a todo el suelo rústico» y mandata a las administraciones públicas a protegerlo. Es decir, permite transformar los terrenos rústicos de forma excepcional y «evitando la especulación».

Cabe recordar que cuando el bipartito sacó adelante su Ley del Suelo a mitad de 2022, el Estado no se pronunció sobre el permiso que también daba a los propietarios para construir casas unifamiliares en rústico. Sí es verdad que el anterior documento solo lo permitía durante dos años -ese periodo caducada en septiembre de este año- en los municipios de más tamaño y con más condicionantes en los medianos y pequeños. Esa es la diferencia principal según el Gobierno central, que cree que ahora el Ejecutivo de Buruaga establece un margen de actuación «verdaderamente amplio», hasta el punto de que se produce una «subversión de la lógica propia del sistema de ordenación»: que se construya en el suelo urbanizable y no se construya en el rústico. Y dice que es inconstitucional porque entra en competencias que la Carta Magna atribuye a la Administración central.

Este tipo de choques entre Estado y autonomías es relativamente habitual y se suele resolver mediante la negociación en la Comisición de Cooperación Bilateral. De hecho, con la 'Ley Gochicoa' también hubo inicialmente un desacuerdo que se solventó. Si no ocurre ahora lo mismo, el asunto acabará en el Tribunal Constitucional, que hace dos semanas ya limitó los usos del suelo rústico en Andalucía, donde se aprobó una norma similar a la cántabra.