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En mayo de 2011 se produjo en Lorca (Murcia) un terremoto de magnitud 5,1 que dejó nueve muertos, más de 300 heridos y cuantiosos ... daños materiales en los edificios e infraestructuras de la comarca. A día de hoy, el Gobierno central todavía no ha terminado de pagar las ayudas comprometidas con los afectados. Lo dijo este lunes la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien reconocía así el retraso de la Administración general a la hora de tramitar este tipo de expedientes, a la vez que se comprometía, a preguntas del senador regionalista José Miguel Fernández Viadero, a agilizar los plazos de los pagos por las inundaciones que afectaron a Cantabria el pasado invierno. Casi trece meses después de aquellos sucesos, el dinero aún no ha llegado.
Aunque en diciembre de 2018 hubo un primer aviso, el gran episodio de lluvias, que se sumó al deshielo por la subida de las temperaturas después de unas fuertes nevadas, se produjo entre los días 23 y 25 de enero de 2019. Las situaciones más críticas se vivieron en las cuencas del Saja y del Besaya, pero los desbordamientos fueron generalizados. La prueba es que el Consorcio de Compensación de Seguros recibió 1.961 solicitudes de indemnización de daños correspondientes a setenta municipios. Ellos, los propietarios de bienes asegurados, sí han recibido ya -en casi todos los casos- su dinero. Lo que queda corresponde a los daños que sufrieron en sus infraestructuras los ayuntamientos y el Gobierno regional, que aquellos días tuvieron que acometer actuaciones de urgencia en carreteras, puentes y edificios públicos.
El Estado aprobó a los pocos días un decreto ley para poner en marcha el sistema de compensaciones y la Delegación del Gobierno comenzó a informar a los ayuntamientos de los procedimientos a seguir. Eso se hizo rápido. A partir de ahí, comenzaron los retrasos. Tardó en concretarse la cuantía total de los daños -once millones de euros en bienes de titularidad autonómica y otros ocho de las entidades locales-, tardó en saberse que se podía aspirar como mucho al 50% de lo solicitado y mucho más tardó en redactar un nuevo decreto que desarrollaba el anterior. Hasta 280 días. Llegó el 31 de octubre, cuando ya había partidas concretas para los afectados de un temporal mucho más reciente que había azotado al Levante. Así, el Consejo de Ministros reconoció el derecho a ayudas a 48 municipios cántabros del total de 71 que habían rellenado los papeles.
Carolina DariasMinistra de Política Territorial
José María MazónDiputado nacional del PRC
Eso es lo que volvió a reclamar ayer el diputado José María Mazón (PRC) en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados: «En Cantabria estamos expectantes. Queremos conocer cuándo van a recibir el dinero prometido los ayuntamientos, el Gobierno y los particulares». En esta ocasión, la encargada de responder fue la titular de la Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. En la contrarréplica, después de que el regionalista le echara en cara la «vaguedad» de sus palabras y que no fuera capaz de dar plazos concretos, la ministra remarcó el «especial apego» que siente por Cantabria y reconoció que «debemos de tener más agilidad», pero también que el proceso es muy complejo, porque en función del tipo de daño, estos incumben a unos u otros departamentos ministeriales. Transición Ecológica, Interior, Transporte...
Estas dos últimas interpelaciones parlamentarias en las Cortes se suman a una proposición no de ley del PSOE que salió adelante el lunes en la que pedía al Gobierno de Sánchez celeridad. Fue un texto muy similar a otro del mes de septiembre. «Esperemos que las respuestas de las ministras -la de Ribera y la de Darias- tengan más fiabilidad que las proposiciones aprobadas por todos los partidos, incluido el suyo», subrayó Mazón. Aprovechando su intervención, el regionalista recordó que la ministra Ribera ha comprometido 2,5 millones de euros hasta diciembre para la limpieza de ríos en Cantabria.
Aquel episodio de inundaciones de hace trece meses también causó daños en infraestructuras de titularidad estatal. Fueron otros diez millones. Pero, evidentemente, el Gobierno central no se los puede reclamar a sí mismo. Asume las reclamaciones y se acabó. Tampoco se recoge en el decreto de octubre daños posteriores por catástrofes similares, como la ocurrida a finales de año en Reinosa y Enmedio. Estos hechos, las inundaciones más graves de la historia en Campoo, también se tratarán próximamente en Madrid a raíz de otra pregunta del senador popular Félix de las Cuevas. Por ahora, tampoco se han traducido en ayudas estatales.
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