El Gobierno central pide la revisión de 32 de los 295 artículos de la nueva Ley del Suelo regional

El Ministerio de Política Territorial, el encargado de enfrentar este tipo de asuntos, ha pedido al Ejecutivo regional reunir a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria para «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas» con casi un 10% del articulado de la Ley del Suelo. El anuncio, que se publicó la pasada semana en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), especificaba los 29 artículos y las tres disposiciones transitorias o adicionales con los que el Estado no está conforme, pero no entra al fondo de los motivos.

No dice si es porque el Gobierno de España cree que el Ejecutivo regional está invadiendo competencias, si ha incurrido en algún fallo de técnica legislativa o si choca con otras normas. Desde el departamento que dirige José Luis Gochicoa afirman que tampoco tendrán más datos hasta que se vean las caras con Madrid.

En cualquier caso, lo cierto es que toca alguno de los asuntos sustanciales de la norma. Por ejemplo, las áreas de desarrollo rural (art. 86), que es el método que contempla la ley para que se puedan crear casas unifamiliares aisladas en suelo rústico y que es también uno de los puntos que más críticas ha levantado entre los colectivos proteccionistas. También están afectados otros artículos que tienen que ver con la posibilidad de generalizar la figura de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), el control ambiental integrado o los nuevos cánones que se quieren establecer para los parques eólicos.

Ahora, lo que harán las dos partes -Ministerio y Consejería- será designar sendos grupos de trabajo para proponer «la solución que proceda». En el mejor de los casos, si se logra un entendimiento, el procedimiento establece que hay que comunicar el acuerdo al Tribunal Constitucional y acometer los cambios. De lo contrario, se podría abrir la vía judicial.

Cabe destacar que es relativamente común que el Estado ponga alguna pega a partes de normas autonómicas. Ha pasado en Cantabria recientemente con la Ley de Pesca o la Ley de Entidades Locales Menores, donde el choque se ha resuelto de forma sencilla y pacífica. Lo que no es tan común es que estas discrepancias alcancen a 32 artículos de una norma tan relevante y con tantas implicaciones sobre el terreno. De manera 'discreta', el Ejecutivo está también a punto de reformar otros dos artículos a través la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que se tramita en el Parlamento y permite estos cambios. En concreto, se quiere introducir una nueva disposición adicional y modificar el artículo 270.

La Ley del Suelo tiene otro frente abierto. Izquierda Unida y Podemos la han llevado a Europa con la presentación de distintas preguntas sobre asuntos «polémicos» a la Comisión Europea a través de la eurodiputada Idoia Villanueva. Este órgano comunitario tendrá que responder si la figura del PSIR o la construcción de inmuebles en suelo rústico contradice las directivas de Bruselas en materia ambiental.