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Tras una larga negociación con los grupos de la oposición y con los representantes sindicales de los agentes, el Parlamento de Cantabria aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Tres meses después, el Ejecutivo autonómico ha ... recibido una carta del Gobierno central en la que muestra sus discrepancias con tres de los 73 artículos de la norma. Concretamente, Madrid reclama explicaciones sobre el contenido de los artículos 16, 70 y 71, que son los que se refieren al ámbito territorial en el que tienen competencia los agentes y a la regulación de la figura de los auxiliares de policía. Dos puntos fundamentales de una reforma que tenía entre sus claves la colaboración intermunicipal para que los ayuntamientos que lo necesiten puedan reforzar su plantilla puntualmente con agentes de un municipio limítrofe y la contratación de auxiliares en aquellas localidades en las que no haya un Cuerpo de Policía permanente. En cambio, el Estado no pone pegas a la supresión del requisito de estatura mínima o a la nueva regulación sobre las prácticas.
Desde la Consejería de Presidencia y Justicia confían en que las discrepancias sobre estos tres artículos sean de carácter menor y que el Estado no reclame un cambio del texto. La directora general de Acción Local, Rosa Valdés, señala que en otras ocasiones el Ministerio de Política Territorial, encargado de la relación con las comunidades autónomas para tratar estos asuntos, daba más detalles sobre los motivos de discrepancia. Esta vez, Madrid se ha limitado a señalar los artículos. Esa duda la resolverá durante la reunión telemática que ambas partes celebrarán el próximo 21 de abril, una cita de la que ya han sido informados también los sindicatos. Valdés confía en que, con una aclaración verbal, el Gobierno central se dé por contento.
Por ahora, lo que ha hecho el Ministerio es pedir al Ejecutivo regional reunir a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, el órgano en el que se resuelven este tipo de enfrentamientos. A partir de ahí se inician las negociaciones. En caso de alcanzarse un acuerdo, este se comunicará al Tribunal Constitucional, que es la instancia judicial donde se resolvería finalmente el asunto en caso de que ninguna de las dos partes dé su brazo a torcer.
No es la única norma autonómica a la que el Gobierno central ha puesto 'peros' en los últimas semanas. Recientemente también solicitó reunir a la Comisión Bilateral en relación a la nueva Ley del Suelo. En ese caso, pidió la revisión de 32 de los 295 artículos. Ese tema está aún sin resolver, pero sí hubo acuerdo, por ejemplo, con la Ley de Entidades Locales Menores, en la que Cantabria aceptó los cambios que reclamaba el Ministerio y que se aprobaron en el Parlamento regional a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2023.
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