El Gobierno central pretende traer a Cantabria 179 menores extranjeros procedentes de Canarias

Para que el acuerdo entre el Gobierno nacional y el insular se cierre es necesaria una modificación de la Ley de Extranjería. Más allá, quedarían detalles que influirían, sobre todo, en la rapidez para empezar con los traslados (si se hace mediante un real decreto-ley o a través de una proposición de ley). El presidente canario, Fernando Clavijo, espera que en septiembre esté aprobado. Supondría, de entrada, la salida de 2.350 menores extranjeros de Canarias y 150 de Ceuta.

¿Y qué criterios se fijan para el reparto de estos chavales por las distintas comunidades? Según la información publicada por El País (que hace pública la tabla que acompaña esta información dando luz a un documento con el que se trabaja), población, renta, tasa de paro, esfuerzo previo en acogida de menores y dispersión poblacional. Así las cosas, a La Rioja le corresponderían 285. La que más. Cantabria, con 179, estaría por delante de Galicia, Asturias o País Vasco, por ejemplo. Sería, de hecho, la segunda en términos de población. Para el presupuesto se calculan 52.925 euros anuales por menor, además de otros gastos adicionales.

En la noticia se recuerda que la reubicación de los niños está regulada por la ley si un territorio afronta una «contingencia migratoria extraordinaria». Si sus servicios para hacer frente a esa situación presentan una ocupación por encima del 150%. Para Canarias –en esta situación– el asunto es una de sus máximas preocupaciones.

Preguntados por este asunto desde El Diario Montañés, en el Gobierno de Cantabria se remiten a la Comisión Sectorial de Infancia que se celebra hoy. Están a la espera de saber qué les dicen. Pero la documentación que les han remitido previa a ese foro «no se corresponde con la información aparecida en prensa». O sea, que se han enterado por los medios. «No tenemos noticias formales de lo que ha salido publicado», apuntan fuentes de la Consejería, que indican que las plazas disponibles en la región «fluctúan» en el tiempo, sin precisar un dato por ahora.

En este sentido, remarcan que debe haber «información» y, aún con más insistencia, «coordinación». «Tiene que ser –responden– una decisión coordinada, en la que tiene que haber transparencia, diálogo y colaboración. Lo que no puede haber son imposiciones unilaterales que no tienen en cuenta a las comunidades autónomas. Que son las que, al fin y al cabo, protegen a los menores en su día a día».

Desde el departamento de Derechos Sociales de Cataluña –les corresponderían 191 menores y 10,29 millones– ya han respondido con su rechazo al cálculo. Ni en el número de chavales ni en el presupuesto. Ellos aseguran que son los que acogen a más menores migrados no acompañados «sin ser puerta de entrada».

📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas del día.