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Después de años de tiras y aflojas y de una demanda ante la Audiencia Nacional, el Gobierno central ha iniciado el trámite para transferir a Cantabria los 22 millones de euros del ejercicio de 2018 para la financiación del Hospital Valdecilla tras dar luz ... verde a la justificación trasladada por el Ejecutivo regional. Ese trámite se produce tras semanas de negociación entre el Ministerio de Hacienda, la Intervención General del Estado y el Ejecutivo cántabro, en su reunión semanal de los jueves, autorizará la firma del convenio para transferir a Cantabria una de las anualidades adeudadas, que posteriormente tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros.
Pedro Sánchez se comprometió al pago de la deuda pendiente el pasado julio durante el encuentro de casi dos horas en La Moncloa. A día de hoy aún faltan por pagar 44 millones –22 se cobrarán de forma inmediata–, que se ingresarán en los dos próximos años. Sin embargo, todavía quedaban en el aire otros cien millones que, en su día, adelantó el Gobierno regional y que Revilla siempre ha reclamado como parte de la financiación íntegra de Valdecilla. Durante una visita a La Moncloa en 2015, Mariano Rajoy se comprometió a pagarlos en otras cuatro anualidades de 25 millones de euros, a partir de 2018, pero ni siquiera se llegaron a cobrar los primeros 44 millones porque el Gobierno central castigó a Cantabria por no haber sido capaz de justificar los pagos de las obras.
Para que eso no vuelva a ocurrir y se pueda recibir el montante, Sánchez anunció a Revilla entonces que los 44 millones de euros se pagarán como una deuda finalista a la comunidad autónoma por haber devuelto el dinero y no como una transferencia de crédito. La muestra de la disposición es que se pagará de forma automática la anualidad de 2018 y la intención del Gobierno central es incluir otra partida en las cuentas del año, la correspondiente a 2019, y la que está pendiente de 2017. A partir de entonces, se compromete a pagarlos en otras tres anualidades hasta completar el montante global.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, confirmó a Efe que el Estado aprobará esa transferencia, que calificó de «excelente noticia» para la comunidad autónoma. Y aseguró que la aportación de esta cantidad por parte del Gobierno central refleja que el presidente Sánchez «cumple».
En la misma línea, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, reconoció que esa transferencia de 22 millones de euros «es una realidad muy importante para el Gobierno de Cantabria» porque esa cantidad estaba incluida en los Presupuestos de la comunidad autónoma de este ejercicio, y ha subrayado la «gestión muy importante» que se ha llevado a cabo para lograr esa aportación del Estado.
Aún así, aseguró Sota que lo que esa transferencia demuestra es que «todas las dificultades que puso el PP eran algo más a nivel político que de gestión». «Había mucha excusa para no pagar», enfatizó el consejero, quien cree que lo que pretendía el PP era acusar al Gobierno cántabro de no ser capaz de justificar esos 22 millones de euros y así no tener que trasferirlos.
El hospital sufrió un derrumbe de su fachada en el año 1999, un grave accidente en el que fallecieron cuatro trabajadores. En 2002, con el traspaso de las competencias de Sanidad a Cantabria, el Gobierno central aseguró que pagaría de forma íntegra la reconstrucción del centro sanitario, pero un lustro después ya se habían extinguido los 206 millones recogidos en el convenio.
Para continuar con la obra, Cantabria adelantó 96 millones con cargo al Presupuesto regional, parte de una deuda que esperaba recuperar en cinco años y que aún no ha recibido. Mientras tanto, se conforma con que el Estado costee los 99 millones en los que se presupuestó el fin de la tercera fase (la construcción de las Tres Torres). Hasta el momento, Madrid ha aprobado la transferencia de 79 millones.
Mariano Rajoy retomó su compromiso en 2014. El dinero llegó después de que Sanidad, dirigida por María José Sáenz de Buruaga, resolviese la adjudicación de las obras a Ferrovial-Siec mediante un contrato de colaboración público-privada por un importe de 759,2 millones de euros, IVA excluido. La adjudicataria asumió la financiación de las obras, cuantificadas en 98 millones. A cambio, recibe un canon anual de 43,9 millones de euros durante dos décadas y la gestión de todos los servicios no hospitalarios del complejo en ese mismo periodo.
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