El Gobierno cifra en 400 millones la pérdida para Cantabria con la nueva propuesta de financiación

La vicepresidenta María Jesús Montero ha desempolvado un documento de 2021, en el que cada región expuso sus preferencias sobre cómo deben repartirse los fondos del Estado, en el que detecta «un amplio consenso» para descartar la despoblación, la orografía y la población flotante de cara a la reforma prevista, con la oposición frontal de Aragón, Castilla y León y Cantabria, las más perjudicadas si esos criterios dejan de ser tenidos en cuenta.

El Ministerio vuelve a poner, así, la reforma de la financiación encima de la mesa justo cuando falta un mes para una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, poco después de que Montero haya asumido el cargo de líder del PSOE de Andalucía y con la negociación sobre la quita de la deuda para cumplir su pacto con los independentistas en el horizonte.

El varapalo para las arcas de Cantabria si esta propuesta sale adelante será fortísimo. Si tenemos en cuenta el año 2022 -el último del que se conoce la liquidación oficial-, el recorte sería de 364 millones de euros. Pero si la previsión la hacemos teniendo en cuenta el año 2023 -cuando Cantabria recibió unos fondos complementarios- el tijeretazo alcanzará los 400 millones. Es decir, casi un 11% del presupuesto anual que maneja el Gobierno regional. Esto provocaría profundos recortes para poder costear los servicios públicos de la comunidad.

«Parece que ahora, en su momento de mayor debilidad, al Gobierno de Sánchez le interesa volver a la carga para sembrar la discordia entre las diferentes comunidades autónomas», denunció el consejero de Economía cántabro, Luis Ángel Agüeros, quien avisa que el documento final «ha de ser fruto de una negociación real» no solo sobre la población ajustada, sino recogiendo también el coste real de los servicios, el coste indirecto de prestación de los servicios o el mantenimiento del statu quo, «así como aquellos otros factores que, como la orografía o el despoblamiento, caracterizan a nuestra comunidad autónoma».

El texto remitido por Hacienda a Cantabria, igual que al resto de territorios, recoge en sus 13 páginas las discrepancias entre las comunidades autónomas. Pero en lo que se refiere a la despoblación, señala que «todas son partidarias de descartar esta variable», a excepción de Cantabria, que pide que haya un reparto para todas otorgando más recursos a aquellas con más despoblación; Castilla y León, que propone que se excluyan poblaciones de más de 20.000 habitantes; y Aragón, que ha criticado con dureza al Gobierno. La Rioja, añade, «no se pronuncia al respecto». «Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las comunidades autónomas, parece haber un amplio consenso en descartar esta variable», subraya el documento.

En la misma línea se pronuncia sobre la orografía y otras variables. Los expertos señalan que, de las observaciones presentadas, «se interpreta que la mayor parte de las regiones no son partidarias de incluir otras variables representativas como las de economías de escala, la orografía, los índices de precios, los niveles de renta, los costes de congestión o la población flotante». En el caso particular de los niveles de renta, aunque hay varias comunidades partidarias de su incorporación, «tienen posicionamientos contrapuestos en cuanto a si debe beneficiar a comunidades autónomas con mayor o con menor renta».

El primer presidente en alzar la voz contra este documento fue el aragonés Jorge Azcón. Según sus estimaciones, la eliminación de la orografía y la despoblación como criterios correctores supondrá la pérdida de 422 millones de euros cada año para su comunidad, además de los 87 millones que ha dejado de recibir debido precisamente por la despoblación.

Azcón sospecha que «los cambios respecto a la propuesta de 2021 están estrechamente relacionados con los acuerdos del Gobierno de España con sus socios independentistas», y se «suman a otros privilegios, como la mal llamada condonación de la deuda o el cupo que se pretende impulsar para Cataluña». Pero el informe de los técnicos de Hacienda no se hace eco del rechazo mayoritario de las comunidades autónomas a la financiación singular de Cataluña.

En cualquier caso, el reparto de fondos entre las regiones debe salir adelante por medio de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), por lo que necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados., un escenario complicado en el contexto político actual.

En el PP hay distintas visiones y, por eso, está prevista una reunión entre los consejeros de Economía de las comunidades en las que gobierna. El problema es que su peso territorial ahora hace complejo poner de acuerdo a las distintas sensibilidades dentro de su propio partido. Las prioridades del andaluz Juanma Moreno y el valenciano Carlos Mazón son muy distintas que las que tienen el gallego Alfonso Rueda y el aragonés Jorge Azcón.