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El Gobierno de Cantabria anunció este viernes que la próxima semana comenzará la auditoría para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el Servicio de Carreteras Autonómicas, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, Ordenación ... del Territorio y Medio Ambiente.
Según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa, las investigaciones se extenderán a los últimos 20 años con el objetivo de verificar que los procedimientos de gestión económico-financiera en materia de contratación pública se han desarrollado de conformidad con las normas, aunque «se centrarán más a fondo en los últimos cuatro años para que si se encuentra alguna actuación ilícita no prescriba».
«Esta es la demostración de que cumplimos lo que prometemos. Para este Gobierno es muy importante que se analice a fondo todo lo que ha pasado en esta Consejería en los últimos veinte años. No podemos permitir que el dinero público se utilice de forma fraudulenta y estaremos en primera línea para luchar contra la corrupción», afirmó el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media en relación con la causa está siendo instruida por la magistrada Mercedes Compostizo.
Para llevar a cabo la auditoria, habrá tres interventores a tiempo completo y, tal y como asegura Media, ya se hado la orden a todos los trabajadores «para que colaboren al máximo y aporten toda la documentación» requerida para la causa.
Con todo, el titular de Fomento manifestó su «confianza absoluta» en todos los funcionarios y dejó patente su compromiso para defenderles «siempre que lo necesiten». «A partir de ahora va a ser una Consejería ejemplar y trabajaremos todos al 100% para dar el mejor servicio público que es para lo que nos han puesto aquí los ciudadanos el pasado 28 de mayo y no les vamos a defraudar», aseguró.
Las actuaciones de control tendrán como objetivo principal «contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económica y financiera en la contratación pública del ente».
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