El Gobierno de Cantabria gasta 23,6 millones en comprar cuatro edificios para reordenar sus sedes

El plan responde a una estrategia de racionalización de gasto por dos vías: además del ahorro en alquileres, también se quieren reducir los costes de mantenimiento de algunos edificios arrendados que requieren actuaciones constantes. Es el caso de la Consejería de Economía -la que coordina este plan junto a la de Presidencia-, que en estos momentos se encuentra en el céntrico Edificio Macho y que pasará a la Cámara de Comercio. Además de los 950.799 euros que cuesta el alquiler, la Administración autonómica se ahorrará el dinero de las pequeñas reparaciones que tiene que acometer cada año y que no requiere el nuevo destino al encontrarse en mucho mejor estado. De ahí que el Gobierno calcule que la operación de compra, valorada en 5 millones de euros, se amortizará en menos de cinco años. En el caso de los cuatro inmuebles, antes de firmar, el Gobierno hizo una tasación. También en todos los casos ha cerrado acuerdos económicos por debajo de la petición inicial del propietario. Por ejemplo, la Cámara de Comercio puso sobre la mesa un precio un 20% superior al final.

Las oficinas de la Consejería de Economía no se moverán de inmediato. En principio, se esperará a que se agote el contrato de arrendamiento con la Mutualidad General de la Abogacía -la dueña del Edificio Macho-, que era de veinte años y concluye en 2026. ¿Se moverán a la Porticada todos los departamentos de Economía? Pues hay de margen algunos meses para decidirlo. Incluso es posible que direcciones generales que están repartidas por la ciudad lleguen a esta nueva sede.

Donde no habrá que hacer traslados es en los dos edificios comprados en el Parque Científico y Tecnológico porque los organismos públicos que los ocuparán ya están en ellos, aunque dejarán de ser inquilinos para ser propietarios. El Edificio Apia XXI seguirá siendo la casa de las consejerías de Industria y Desarrollo Rural. Desaparece el alquiler de 1,2 millones al año -crece con el IPC- a cambio de un único pago en concepto de compra de 8,6 millones, por lo que la operación se amortizará en menos de seis años. Se ha conseguido ese precio porque, cuando se firmó el arrendamiento en 2014, el contrato incluía un derecho de opción de compra. De lo contrario, el precio a valor de mercado era de 15 millones.

Y en este mismo espacio, a solo unos metros, las empresas públicas Sodercán, Sicán y Pctcan comprarán por 5,5 millones -hubo dos tasaciones, una de 6,1 y otra de 7,4 millones- el Edificio CTC, propiedad de la Fundación del mismo nombre, con la que seguirán compartiendo dependencias.

Quizás la compraventa más curiosa es la de la sede del periódico Alerta, en Peñacastillo. El propietario pedía 5,7 millones y se ha cerrado por 4,5. Acogerá los Talleres y la Imprenta regionales, que se encontraban en una nave de Candina que costaba 300.000 euros al año. Este inmueble es de 6.671 metros cuadrados, casi el triple que el actual, por lo que podrá recibir también a algunos departamentos de la Dirección General de Seguridad que ahora están en Peña Herbosa. Dispone de suficientes plazas de aparcamiento para vehículos de emergencias (el camión del Puesto de Mando Avanzado y el furgón de espeleología) y a este punto se trasladarán también los rescatadores y la tripulación del helicóptero para estar más cerca del aeropuerto Seve Ballesteros. El hueco que quede libre en Peña Herbosa serviría para prescindir, a su vez, de otros alquileres aún por definir.

Esta es la primera parte del Plan de Adquisición de Inmuebles y en ella se ha buscado solución para los alquileres más altos. Cuando esté concluido, se suprimirán ocho de las sedes actuales. Cabe recordar que, cuando se inaugure el nuevo Mupac, allí habrá un espacio administrativo con capacidad para 300 trabajadores. Y hay que ver qué pasará con la Consejería de Educación, temporalmente fuera de la calle Vargas por obras en el edificio de Ministerios.

El dinero para estas cuatro compras no estaba en el Presupuesto, pero han sido posibles por la llegada de 122 millones procedentes del Estado -entregas a cuenta- que no estaban previstos. Una carambola perfecta porque todo lo que no se invirtiera antes de 2025 solo podría destinarse a amortizar deuda.