El Gobierno concreta varios puntos de su Ley de Espectáculos y relaja los requisitos

La Ley de Espectáculos dio ayer -otra vez- mucho que hablar. Por un lado, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria una resolución para someter a información pública las condiciones por las que deben regularse los seguros que deben sacar los que organizan eventos. Una forma de recoger opiniones, quejas y sugerencias. Por otro, el Ejecutivo adelantó algunas de las novedades del proyecto de decreto que regulará el asunto. Y, en paralelo -y aparentemente por casualidad- desde el PP ofrecieron una rueda de prensa para denunciar la situación de incertidumbre que, a su juicio, sigue generando la Ley.

El Ejecutivo pretende aclarar en su futuro decreto que las condiciones mínimas exigibles a los seguros para los espectáculos estarán vinculadas «al aforo del establecimiento donde se celebren y a la tipología que desarrollen». También se concreta «la delimitación de los efectos de un contrato de seguro de responsabilidad civil en los casos en que los espectáculos se celebren en espacios abiertos». La Consejería de Presidencia y Justicia defiende, con ello, que quiere dar una «mayor seguridad jurídica» en este ámbito y ofrecer «claridad» a los organizadores. Que lo que están haciendo es desarrollar la norma, como ya habían anunciado en su día, y que han decidido «acelerar e impulsar» este paso por las sugerencias que les han hecho desde los ayuntamientos y desde los grupos de organizadores de eventos. Con este proceso de información pública -dicen-, se busca el «máximo consenso» para conseguir la norma que «mejor garantice la seguridad en la celebración de espectáculos y el desarrollo de actividades recreativas».

Pero, en la última parte de la nota que envió el Gobierno se detalla, además, que se abre la posibilidad de que los seguros incluyan una franquicia. «De esta manera, a partir de la entrada en vigor de este decreto se podrán fijar franquicias hasta un máximo de 10.000 euros». Un punto clave. Porque relaja los requisitos (se decía inicialmente que los seguros serían sin franquicia) y porque responde a uno de los grandes problemas que planteaba la Ley.

El caso de las fiestas de Cueto fue muy sonado. Desde la asociación vecinal del barrio renunciaron a organizarlas por la cantidad de requisitos que se les exigían (al final se hicieron de la mano de un grupo de vecinos). «La Ley es una herramienta que, puesta en manos de los ayuntamientos, pueden usarla como quieran. Unos piden muchos requisitos y otros no. Porque no hay nada claro y queda mucho por definir. En lo del seguro, por ejemplo, no se especificaba nada más que tenía que ser sin franquicia, pero no se sabía qué tenía que cubrir. Por eso, una aclaración es absolutamente necesaria», comenta Santiago Sierra (el presidente del colectivo vecinal).

«Nos convocaron a varias reuniones para transmitir nuestras dudas o propuestas y el decreto, en relación al tema de los seguros, que era una parte fundamental de los problemas, recoge lo que planteamos sobre la franquicia. Que era imposible asegurarse sin franquicia o que salía a precios muy elevados. Además, se abre un periodo de alegaciones para el que daremos traslado del texto a los servicios jurídicos y, si hay que añadir algo, se dirá», explica Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios. Para el alcalde de Reocín (PRC), la «Consejería está trabajando bien a nivel político y técnico».

Para el PP, todo lo contrario. La portavoz de Presidencia y Justicia del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Urrutia, considera que esas reuniones del Gobierno con los ayuntamientos «están sembrando aún más incertidumbre en los municipios». Si en el Ejecutivo entienden que la ronda de contactos «está teniendo un resultado muy satisfactorio y positivo» y que «ha existido en todo momento un clima de colaboración para mejorar la aplicación de la nueva Ley», en el principal partido de la oposición hablan de «un auténtico caos».

«El Partido Popular siempre ha querido que esta ley fuera la solución y, sin embargo, el Gobierno ha conseguido que sea el problema». Por eso, el PP pide «cambios y un desarrollo normativo» y que «se ponga fin a las reuniones aprobando soluciones». Nada que ver con la visión del Ejecutivo, que anuncia de hecho una nueva ronda de encuentros en septiembre (con los municipios de menos de 2.000 habitantes tras hablar con los más grandes) y que considera que la mayoría de municipios tiene «muy clara» la aplicación de la Ley. Visiones totalmente opuestas.

El «caos» que describen los populares es para los regionalistas (que controlan la Consejería de Presidencia) sólo dudas «puntuales». «Cuestiones muy técnicas a las que se están dando solución con normalidad desde el Servicio autonómico de Juegos y Espectáculos». Y la falta de desarrollo normativo que denuncia el PP - «el único grupo, recuerdan, que se opuso al texto finalmente aprobado»- contrasta con lo que el Ejecutivo dice que ha hecho «en poco más de un año». «Los reglamentos en materias como la organización de actividades deportivas, los horarios y las actividades recreativas» y el proyecto de decreto sobre el seguro, que desde ayer se somete a información pública.

Ahora hay veinte días hábiles por delante para presentar alegaciones.

A juicio del Ejecutivo, con la Ley y los desarrollos se «han afrontado las necesidades y vacíos legales en la materia y se han transformado las limitaciones e inquietudes en una mayor seguridad jurídica y en un marco legal claro y estable». La Consejería de Presidencia entiende que está aclarando las dudas de los ayuntamientos y los promotores y que está recogiendo sus peticiones. Insisten en que ya avisaron que la Ley se dasarrollaría con reglamentos y que eso es lo que están haciendo. Buscando el «máximo consenso».

Tras mantener varias reuniones con el Gobierno regional, desde la Federación de Municipios de Cantabria se muestran satisfechos con lo que se avanza en el decreto. Para ellos, el tema de la franquicia en el seguro era un asunto capital, su mayor quebradero de cabeza. «En líneas generales, se recogen nuestras peticiones». Su presidente, Pablo Diestro (alcalde de Reocín por el PRC), entiende que la Consejería está trabajando bien «a nivel político y técnico» y cree que este periodo de alegaciones es también un acierto.

Recuerdan que fueron los únicos que rechazaron la Ley y que en junio pusieron encima de la mesa una propuesta al Gobierno para buscar soluciones que fue rechazada por la coalición PRC-PSOE «con la excusa de un calendario de reuniones con los municipios». Esas reuniones, según ellos, son «un fracaso» y no resuelven las dudas. El resultado, «caos e incertidumbre» en los 102 municipios y «la única certeza de que el responsable de todo, porque así lo han decidido ellos, será el alcalde». Exigen medidas, soluciones.