El Gobierno confía en tener el nuevo decreto para regular los pisos turísticos en verano

Según Fernández, la explotación de viviendas para alquiler vacacional ha experimentado «un crecimiento abrumador», como prueba el hecho de que el número de declaraciones responsables presentadas –es decir, de pisos turísticos declarados– haya pasado de 890 en 2022 a 2.031 en 2023. «Si seguimos con ese crecimiento, va a llegar un momento en que la situación va a ser insostenible. No podemos demorar más este problema».

Lo cierto es que ni siquiera existe un censo de pisos turísticos en la región. El pasado verano había unas 1.600 viviendas registradas, mientras el Instituto Nacional de Estadística elevaba la cifra total –incluyendo las viviendas 'piratas'–, a casi 6.000, mientras la Asociación de Hostelería sostenía que el número real podría aproximarse a los 10.000. Frenar la proliferación de las viviendas turísticas ilegales será una de las dificultades añadidas a la regulación del sector. «Atajar las viviendas ilegales es complicado porque no tenemos recursos para hacerlo y hay que hacer un rastreo de las plataformas. No hay recursos ni personal que se pueda dedicar a eso; salvo que alguien te venga con una denuncia muy clara, diciendo dónde está ese apartamento ilegal, es difícil».

De momento, la intención del Gobierno es controlar el acceso a los permisos «de todas esas solicitudes que se están desmadrando», teniendo en cuenta que la Consejería, como recordó Fernández, sólo tiene competencias en el ámbito turístico, y no en el urbanístico, afectado por las normativas municipales. «Los que tengan desarrollados sus planes generales, probablemente con ello ya puedan articular medidas para regularlo de una forma más eficiente; los que no tengan hecho ese planeamiento quizás tengan que recurrir a ordenanzas», indicó la consejera.

«Ahora mismo, aparte de la declaración responsable, el (actual) decreto incluye algún otro requisito, pero hay que entregarlo a posteriori y hacer el seguimiento es muy difícil después. Lo que vayamos a exigir vamos a hacerlo a priori, y es necesario presentar todo esto para que se te otorgue la licencia. Vamos a hacer cambios en el decreto para que pueda haber mayor seguimiento y esté más regulado».

Recordó además que los pisos turísticos han generado un problema de acceso a la vivienda. «Nos encontramos con muchos casos de profesionales, de trabajadores que necesitan una vivienda porque vienen a trabajar a un municipio concreto y no la encuentran. Y si la encuentran, les echan en junio para alquilarla en verano y vuelven en septiembre, y a unos precios muy elevados».

El encuentro de la consejera con los alcaldes ha venido precedido de otro que mantuvo con representantes de la hostelería, los alojamientos rurales y de otras actividades relacionadas con el turismo, y tiene previsto reunirse con colectivos vecinales con la intención de que las aportaciones de todos los afectados por esa actividad puedan ayudar a conformar el nuevo decreto.

Fernández señaló que los mayores problemas se registran «en los municipios más turísticos», y citó los casos de Comillas, San Vicente, Laredo y Potes, entre ellos. En el registro actualizado de viviendas turísticas declaradas, Santander cuenta con el mayor parque (1.338), seguida por Suances (199), Comillas (177), San Vicente (165), Ribamontán al Mar (157), Noja (143), Miengo y Piélagos (ambas con 123).