El Gobierno contesta a Ambuibérica: «Lo que debe hacer es cumplir lo contratado»

La misma contestación que dio el propio consejero, Raúl Pesquera, en el Parlamento la semana pasada cuando Vox le cuestionó por qué, después de anunciar su antecesor (Miguel Rodríguez) que «se estaba trabajando en acelerar la licitación del nuevo concurso para sacarlo cuanto antes» -avanzó incluso una subida en el coste anual de 5 millones, hasta un total de 65 millones en cuatro años-, se cambió de opinión y se optó por seguir con el mismo contrato. Así que, lejos de abrir la puerta a una nueva etapa, que llevaría pareja también las mejoras laborales ya negociadas con el comité, la postura del Gobierno se inclina más por agotar la legislatura sin hacer movimientos. Aunque eso conlleve, se queja la empresa, mantener este descalabro.

El nuevo titular de Sanidad dejó claro que cuando se adjudicó este contrato hace cuatro años ya se preveía la posibilidad de hacer dos prórrogas de un año cada una, «y en eso estamos». «Es totalmente legal y un mecanismo perfectamente previsto, habitual y recogido en los pliegos», añadió Pesquera, aunque la empresa defiende que no es así porque ha sido «una prórroga forzosa» y dotada con una cuantía que no cubre los gastos, por lo que ya ha anunciado que recurrirá su anulación por la vía contencioso-administrativa.

Pero hasta que los tribunales decidan, Ambuibérica busca cómo compensar los números que le han llevado a «una situación absolutamente límite». La salida apunta al descuelgue del convenio colectivo que empezará a negociar en los próximos días con los representantes sindicales. Una medida que afectará a las nóminas de la totalidad de la plantilla (alrededor de 430 trabajadores). En este sentido, Zuloaga subrayó que «para el Gobierno de Cantabria la máxima prioridad es la atención a los ciudadanos en un servicio importante como es el transporte en ambulancias y, por supuesto, que en ningún caso se vulneren los derechos de los trabajadores de una empresa que contrata con el Gobierno». Pero, de entrada, la plantilla será la que pague ahora las consecuencias de ese «desequilibrio económico» que la compañía cifra en siete millones de euros de pérdidas desde 2018, cuando «cambiaron las reglas del juego» a raíz de la sentencia que le obligó a pagar como horas extra el tiempo de guardia no presencial del servicio de transporte sanitario urgente.

Izquierda Unida (IU) Cantabria reclama a la Consejería de Sanidad que asuma la gestión directa del servicio de transporte sanitario para que sea «100% público», tal y como se ha hecho en La Rioja. El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, hace este llamamiento porque cree que «es posible gestionar diferente» y «acabar con el cúmulo de despropósitos» que atesora la adjudicataria del servicio, Ambuibérica, desde su llegada al servicio en 2012. Un periodo en el que, a su juicio, ha contado con la «permisividad» del PP en la legislatura 2011-2015 y, posteriormente, de los gobiernos de PRC y PSOE hasta la actualidad.

Así, pone como ejemplo de la alternativa el acuerdo de Gobierno entre el Ejecutivo riojano, liderado por el PSOE, y la diputada de IU en la comunidad, Henar Moreno, que han internalizado el servicio de transportes antes gestionado por una empresa privada, «demostrando que el servicio público responde al interés general de la población y cuyo objetivo es la atención socio-sanitaria antes que el rédito económico». En este sentido, Ruiz Salmón ofrece la colaboración de su formación para que «sea una realidad antes de acabar la legislatura».