El Gobierno crea un organismo para vigilar y fusionar las empresas públicas de Cantabria

Uno de los primeros asuntos que pondrá sobre la mesa el titular del departamento, que ejercerá como presidente del Consejo, será presentar el informe elaborado por la propia Consejería de Economía en el que se propone integrar cinco de los actuales entes en otros (existen 28 entre entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y fondos sin personalidad jurídica, además de otros nueve organismos autónomos). Desde algunos que suman varios cientos de trabajadores como Cantur o MARE, muy presentes en el día a día de la Administración regional, hasta otros más pequeños como la Fundación Cantabria Coopera, que solo cuenta con un técnico. En cualquier caso, será este nuevo órgano el que tenga la última palabra.

Tras su llegada a Peña Herbosa, María José Sáenz de Buruaga apuntó que su prioridad en este ámbito era cambiar la gestión de las empresas y organismos públicos para evitar disfunciones y acabar con la descoordinación. Eso podría implicar la fusión de algunas de ellas, pero no necesariamente porque, al contrario de lo que ocurría en 2011, la anterior vez que el PP llegó al Gobierno regional -y sí sacó la tijera-, la presidenta considera que ahora «no es justo decir que el sector público institucional en Cantabria sea excesivo». «Sí lo vamos a reorganizar para que sea más racional, para evitar disfunciones y solapamientos y para evitar descoordinación», insistía la popular durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde defendía mecanismos para evitar que se conviertan «en un chiringuito» y sean utilizadas por las distintas consejerías para huir de los controles ordinarios.

De hecho, el encargo concreto que hace el Ejecutivo al Consejo de Seguimiento de la Actividad de los Entes del Sector Público Institucional Autonómico es realizar un control de su gasto, tanto los que tienen que ver con el personal como con el gasto corriente. Pero que lo haga este órgano colegiado no quiere decir que no lo haga también el propio Gobierno. En este sentido, el consejero Agüeros señala que, ya el año pasado, Economía emitió una serie de directrices respecto a la contratación de personal que afecta a todo el organigrama.

Entre las novedades que ya se han introducido se encuentra que cualquier incorporación extraordinaria -aquellas que no figuren en los planes anuales o en la relación de puestos de trabajo- a la plantilla tiene que estar firmada en último término por la Consejería de Economía, algo que no ocurría anteriormente. Igual que tiene que tener el visto bueno de este departamento cualquier operación que produzca un endeudamiento para verificar que está suficientemente justificado. Por último, entre las órdenes generales se encuentra «fomentar la estructura propia». Es decir, que la puesta en marcha de nuevas políticas o servicios se haga a través de contrataciones dentro de las consejerías y no de las empresas públicas.

Con ello, Agüeros trata de evidenciar que el Ejecutivo de Buruaga no ha estado de brazos cruzados mientras que se constituía un ente que ha tardado en echar a andar bastante más de lo esperado. La prueba es que el decreto que establece su composición es de junio de 2023 y lo firmó la anterior consejera, la socialista Ana Belén Álvarez, antes de dejar el cargo. En el último Debate del Estado de la Región, celebrado en junio de 2024, Vox -tiene la reducción del sector público como una de sus reclamaciones más frecuentes- volvió a poner deberes al Ejecutivo en este sentido para crear el Consejo antes de diciembre. No fue posible, según el Gobierno, entre otras cosas, porque Vox no había comunicado el nombre de su representante.

Durante la etapa del bipartito, el PP puso el acento en la política de contratación del PRC en Cantur y del PSOE en la Sociedad Regional de Cultura. Ahora, socialistas y regionalistas echan en cara a los populares lo mismo, con ejemplos como la colocación en altos cargos de la Consejería de Cultura y Turismo a excompañeros en el sector geriátrico de su titular, Luis Martínez Abad.