El Gobierno cuantifica en 54 millones las indemnizaciones a los afectados por los derribos

Esta cantidad es el resultado de un informe técnico de valoración, elaborado con criterios «objetivos y de mercado», que no incluye ni los costes de los derribos de las viviendas ni los gastos de las correspondientes mudanzas.

Tampoco está incluida en esa cifra el crédito de 11 millones de euros que el Gobierno ha reservado para ejecutar las viviendas de sustitución de las 102 que aún tienen que derribarse en La Arena (Arnuero). La cuantía de la indemnización coincide con el crédito reservado por el Consejo de Gobierno en el fondo de derribos para su ejecución entre 2019 y 2025. Según ha explicado la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos a los miembros de la asociación, se trata del primer paso para la elaboración de un expediente de ajuste del gasto «necesario para garantizar una justa indemnización a los afectados». En 2017 y 2018, ese fondo se dotó con 1,5 millones de euros respectivamente, que se destinaron al pago de indemnizaciones por daños morales, y en los presupuestos de este año se han consignado 5,2 millones. Pero era necesario cuantificar exactamente la valoración de las viviendas para afrontar los pagos anuales con un horizonte temporal hasta 2025.

Ahora, su departamento pondrá en marcha un dispositivo para que los afectados manifiesten si están conformes o no con el valor dado a sus casas y cerrar los acuerdos correspondientes. La Consejería de Urbanismo tienen previsto recibir en las próximas tres semanas a todos los propietarios, y en función de esas aceptaciones se reajustará el calendario anual de pagos de las indemnizaciones hasta 2025.

La previsión del Gobierno es dar prioridad a las viviendas que son «absolutamente ilegalizables», como es el caso de las 17 viviendas de Cerrias afectadas por la Ley de Costas, y después a aquellas cuyos expedientes de ejecución judicial que estén más avanzados. En el caso de que algún propietario acepte la cantidad y después su casa sea legalizada con los nuevos planeamientos, podrá seguir con su vivienda o renunciar a ella, en cuyo caso pasará a engrosar el patrimonio del Gobierno regional.

Y si alguno de los propietarios no muestra su conformidad con la indemnización propuesta por la Administración regional, será un «tercero dirimente», una especie de árbitro, quien determinará la cuantía, previo informe pericial, según se establece en los convenios suscritos en su día entre los afectados y el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo subrayan que, «salvo ajustes de pequeñas cantidades», las indemnizaciones no superarán los 54 millones establecidos. Este año podrán empezar a pagarse indemnizaciones por valor de 5,2 millones, que es la cantidad consignada en el presupuesto. Y para que todo esto no quede en papel mojado, los acuerdos con los propietarios tendrán el sello de Intervención y serán endosados a los convenios, lo que que supone una garantía de cobro.

Los afectados valoraron positivamente el paso dado por el Ejecutivo, ya que «dota de contenido presupuestario a los convenios entre propietarios y Gobierno», pero discrepan de las valoraciones de las viviendas, «en muchos casos mejorables», ya que «no responden» a lo aprobado por el Parlamento en el sentido de que no hubiera pérdida de patrimonio para los afectados. La asociación se pregunta qué va a pasar con los afectados que no tienen convenio en este momento, en referencia a 50 propietarios de una urbanización de Argoños.

No obstante, su crítica más feroz se refiere a la falta de aprobación de los planes de urbanismo de Argoños y Escalante, paso necesario para legalizar varias de las viviendas situadas en estos municipios. «Es totalmente incomprensible la falta de compromiso» del Ejecutivo para aprobar estos planeamientos, censuró el portavoz Antonio Vilela. AMA celebrará una reunión este sábado en el Centro Cultural de Argoños para informar a los afectados.