El Gobierno deberá demostrar que no había más interesados en gestionar La Corza Blanca

El acuerdo del Ejecutivo cántabro con esa empresa catalana, especializada en la explotación de ese tipo de negocios en alta montaña, regresó una semana después a la Cámara a través de sendas mociones presentadas por Vox y PSOE, que pretendían ahondar en las razones por las que se ha tomado esta decisión de una forma que coinciden en considerar poco transparente.

La primera demanda de la oposición, conocer el contenido del contrato de colaboración público-privada quedó satisfecha días antes de la celebración del pleno, cuando los grupos recibieron la correspondiente documentación. Por parte de Vox, su portavoz, Leticia Díaz, insistió en exigir una prueba de que ninguna otra empresa estaba interesada en hacerse cargo de esas instalaciones, como se ha asegurado desde la Consejería, un extremo que disculparía haber empleado la fórmula de adjudicación directa en vez de la de concurrencia competitiva.

«Hay un incumplimiento palmario de la ley de transparencia», aseguró Díaz, quién criticó que el asunto se haya venido tratando, por parte de Gobierno, «como un secreto de Estado».

En la defensa de la moción socialista, Joaquín Gómez, prefirió referirse al acuerdo como una «privatización de la gestión», entendiendo que hablar de externalización lo presenta de una forma más suave.

En su caso, su propuesta instaba al equipo de Buruaga a publicar los términos del contrato con SNÖ Hotels en el Portal de Transparencia, obligar a la empresa a mantener los puestos de trabajo e los empleados de Cantur, incluyendo los fijos discontinuos, realizar un seguimiento de la actividad, para garantizar que se ofrezcan servicios de calidad y, en previsión de futuros arreglos semejantes, trasladar al Parlamento cualquier otro acuerdo de privatización o externalización de nuevos servicios de la empresa pública, previo a su aprobación y tras recibir el visto bueno de su comité de empresa. «A los trabajadores les interesa que no se juegue con las cosas de comer», destacó Gómez y también censuró la forma en que se han hecho las cosas, «con nocturnidad y alevosía».

Por parte del Grupo Popular, Alejandro Liz apuntó a la necesidad de cortar por lo sano «un derroche innecesario» con cuatro millones de pérdidas acumuladas en cinco años, para dar este vuelco a la gestión de La Corza Blanca. «Es necesario que sea rentable, pero para ello debe ser gestionada de forma óptima, por un grupo experto en turismo de nieve y montaña». Recordó que las instalaciones pasarán a estar abiertas la mayor parte del año, y no sólo tres meses, como ha venido sucediendo hasta la fecha, y aseguró que ni un solo trabajador de Cantur se verá afectado por los cambios.

Como ya defendió el PP desde esa misma tribuna la pasada semana, Liz reiteró que la operación para ceder la dirección de La Corza Blanca es perfectamente legal, y consideró innecesario que se exija un seguimiento de la calidad de los servicios ofrecidos, cuando es el principal interés del Gobierno. En ambos casos, las mociones salieron adelante con idéntico resultado: quince abstenciones de los populares y veinte votos a favor del resto de diputados.