El Gobierno desbloquea la mina de zinc con el primer permiso para hacer sondeos

Será a finales de enero o comienzos de febrero, según ha podido saber este periódico, cuando la compañía americana inicie los trabajos en Santillana del Mar, en la zona entre Yuso y Queveda. Los plazos finales, sin embargo, todavía están pendientes de los contactos con los propietarios de los terrenos y los acuerdos económicos a los que lleguen con ellos por las molestias de 'agujerear' las parcelas.

Durante todo el año que viene, Emerita Resources estudiará el cuerpo mineral, su uniformidad y el grado de concentración de zinc. Es decir, qué cantidad de las 20 millones de toneladas de mineral que hay bajo la tierra en esa zona es valiosa.

Durante ese tiempo, la empresa invertirá 17 millones de euros y contratará a cuarenta empleados. Se necesitarán asistentes de campo para la perforación, técnicos, geólogos y, posiblemente, ingenieros de mina, así como operarios para las máquinas perforadoras y personal para labores de administración de la propia empresa. La empresa seguirá trabajando en esta etapa con la Universidad de Cantabria, con quien la firma canadiense está vinculada desde hace varios meses para confirmar que, efectivamente, las vetas de zinc se encontraban bajo el subsuelo.

El camino para llegar a este punto no ha sido fácil ni para la empresa ni para la Consejería de Industria. Esta misma semana han llegado tres recursos de la firma chipriota Atalaya Mining -que mantiene un pulso con Emerita Resources desde hace años en otros territorios- para intentar paralizar la concesión de la licencia y volver a convocar el concurso de los derechos de la mina. Curiosamente, esta firma critica, entre otras cosas, la «sorprendente celeridad» del Gobierno en tramitar los expedientes. Sólo se ha tardado casi año y medio en conceder la licencia.

La mina de zinc también ha sido un daño colateral de los encontronazos entre Industria y Medio Ambiente. Un conflicto que ha dejado de ser un secreto a gritos tras la entrevista publicada por este periódico en la que el consejero Francisco Martín reconocía que en Medio Ambiente «hay francotiradores que disparan contra nuestros proyectos». Los permisos ambientales, con los técnicos de ambas consejerías enfrentados por los requerimientos exigidos para aprobarlos, han sido la verdadera causa del retraso de un proyecto que ha puesto de manifiesto las diferencias entre PRC y PSOE en el Gobierno. Hasta ayer mismo no han terminado de tramitarse los últimos expedientes de la licencia de Emerita Resources, con la luz verde a los expedientes ambientales de los cinco ayuntamientos afectados por los sondeos (Santillana del Mar, Reocín, Cartes, Torrelavega y Suances).

Será en 2020 cuando, una vez presentado el proyecto final y con todos los permisos de seguridad y ambientales en regla, comenzará la construcción de la mina. Emerita Resources ya cuenta con un socio español, Aldesa, que se encargará de excavar los túneles y la entrada a la mina hasta los 700 metros. «Será una mina ecológica, ambientalmente sostenible y bajo tierra. Trabajaremos a una profundidad comparable a la de colocar dos Torres Kio una encima de otra», explicó Merino.

Según los cálculos de la propia empresa, la construcción de la mina supondrá una inversión de 600 millones de euros y creará 2.000 puestos de trabajo directos. Unos datos que si se confirman darían un vuelco al escenario económico de la docena de municipios de esa comarca. No en vano el consejero de Industria aseguró en su día que la explotación de las minas de zinc del Besaya podría convertirse en el «proyecto industrial del próximo decenio en Cantabria».

Emerita Resources es la empresa que mayores expectativas tiene con la mina y la que más dinero está dispuesta a poner sobre la mesa, pero sólo es una de las seis firmas adjudicatarias del concurso celebrado por el Gobierno de Cantabria. Es decir, todavía hay cinco compañías más que no tienen los permisos para empezar a trabajar.

De todas ellas, la que más avanzados tiene los trámites es la australiana Slipstream Resources. Industria ya le ha enviado los expedientes y deben pasar quince días laborables para comprobar si alguna empresa presenta alegaciones, así que no será hasta finales de diciembre cuando el Gobierno pueda concederle la licencia para las primeras perforaciones.

Los australianos tienen por delante un plazo de tres años para hacer prospecciones y sondeos mecánicos, analizar los resultados y presentar los proyectos -económicos, empresariales y ambientales- para el desarrollo de una explotación en la zona, en los que invertirán cuatro millones y contratarán a un número indeterminado de técnicos y profesionales de la zona para hacerlos. De todos modos, Martín ya opinó en su día que la empresa no consumirá ese plazo máximo y hará los sondeos «cuanto antes porque no hay zinc suficiente en el mercado y su precio se ha disparado». O al menos lo había hecho hace un año. Ahora la realidad es otra. El valor del zinc en el mercado se ha desplomado un 24% desde que los empresarios extranjeros llegaron a Cantabria para presentar sus planes millonarios en el Besaya. Entonces, el mineral se cotizaba en bolsa a 3.500 dólares la tonelada; doce meses después, el zinc se compra a 2.663 dólares. «Estas evoluciones a corto plazo no significan demasiado en inversiones de esta escala. Evidentemente, habría más entusiasmo si el precio estuviera al alza, pero pensamos a largo plazo», explicaron desde la compañía australiana.

Slipstream Resources gestionará, en total, 187 cuadrículas del mapa minero de la comarca del Besaya. Es todo el suelo por el que pugnaron en el concurso excepto una casilla de cinco hectáreas en la frontera entre Comillas y Alfoz, que le arrebató Áridos y Hormigones del Deva, del grupo cántabro Candesa, sólo interesada en la excavación de piedra caliza. El director general de este fondo de inversiones, Geoff Stewart, ya confirmó en su día que se asociarán con Hispanibal (grupo Anibal), firma que ya cuenta en Novales (Alfoz de Lloredo) con una licencia de explotación de zinc y plomo. Ambas compañías se unirán para fusionar sus parcelas, realizar los sondeos y explotarlas juntos.

Curiosamente, la mina de Hispanibal lleva cerrada desde hace más de una década, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló la autorización de la explotación minera 'San José', aprobada en 2003 por el Gobierno de Cantabria. El TSJC estimó que se ocupaban montes de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de Cabezón y la Junta Vecinal de Casar, entidades a las que no se dio audiencia en la tramitación del expediente.