El Gobierno no descarta autorizar la caza de lobos «en los próximos días»

Según los datos recabados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entre el día 21 de septiembre de 2021, fecha en que cobró vigencia la incorporación del lobo al Lespre, y el día 15 de marzo de este año, cuando se recabó la información, han solicitado batidas de lobos Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Polaciones, Tudanca, Ruente, Arenas de Iguña, Pesquera, Camaleño y, el último, Valderredible.

En la inmensa mayoría de ellos se han producido durante los últimos meses ataques de lobos, todos a cabras, ovejas o potros, algunos a muy escasos metros de zonas habitadas.

Por una razón y por la otra, por los daños que sus embates causan a las cabañas ganaderas y por el temor que sus aproximaciones provocan a los vecinos, los alcaldes de esos ayuntamientos han solicitado la intervención del Gobierno de Cantabria, que, consciente de las limitaciones que le impone la nueva ley, lleva varios meses retorciéndola para tratar de ajustarla a sus propias necesidades.

«La orden ministerial nos obliga a realizar valoraciones adicionales, técnicas y jurídicas, en la redacción de las resoluciones de los controles de ejemplares», afirman fuentes de la Consejería, que, no obstante, tiene la intención de empezar a autorizarlos «a lo largo de los próximos días». Dicho para que se entienda mejor. Desde ya mismo, con la nueva ley, el Gobierno de Cantabria va a tener que fundamentar muy bien sus razones para abatir a un lobo. Si sus argumentos no convencen, no podrá hacerlo.

Consciente de que cada autorización será revisada con lupa por el Ministerio para la Transición Ecológica, impulsor de la ley, y los grupos conservacionistas, que ya han advertido que piensan judicializar cuantas batidas no se ajusten a la nueva norma, la Consejería de Desarrollo Rural llamó recientemente a los representantes de medio centenar de ayuntamientos de Cantabria a participar en una reunión en la que se les explicó cómo pueden colaborar en la idea del Gobierno regional de continuar matando lobos sin dar un salto por encima de la ley.

En ese encuentro se les pidió que recopilen de manera continua y con la mayor minuciosidad posible toda la información relacionada con los ataques de los lobos en sus respectivos ayuntamientos indicando con claridad en qué fecha se han producido, qué explotaciones se han visto afectadas, cuáles han sido los daños producidos -los animales muertos, heridos o desaparecidos- qué tipo de medidas de protección existen en torno al ganado atacado o a qué distancia de zonas habitadas se han producido las embestidas loberas.

Toda la información que recojan será de utilidad en el momento de acreditar ante el Ministerio la necesidad de realizar un control poblacional que, en cualquier caso, no deben justificar los ayuntamientos sino el Gobierno regional.

«Esa función corresponde a la Dirección General de Biodiversidad», puntualiza la Consejería, que a la hora de dar luz verde a un control de población lobera tendrá en consideración los datos aportados por los ayuntamientos y los afectados directamente «pero también los informes de los Agentes del Medio Natural, las solicitudes de indemnización presentadas por los afectados, los daños existentes en esa zona a lo largo de los años anteriores y los datos sobre presencia de lobo y sobre controles de ejemplares realizados también en los últimos años».

Si los datos que la Consejería recabe por sus propios medios acreditaran la necesidad de llevar a cabo un control de la especie, este se pondrán en marcha «con independencia de que las solicitudes o la información proporcionada por los ayuntamientos sea suficiente o no».

Ese parece el camino que para cazar al lobo sin ser cazado por la Administración central quiere recorrer el Gobierno regional, que considera este tipo de controles «una herramienta imprescindible para lograr la coexistencia entre la ganadería y el lobo, un instrumento que nunca ha sido un objetivo en sí mismo, pero que junto con el apoyo a los ganaderos afectados resulta clave para el logro de los objetivos del Plan de Gestión».

Por eso, afirmó en esa reunión el consejero, Guillermo Blanco, «en modo alguno vamos a permanecer pasivos ante la evidencia de los daños que se produzcan y con los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestro alcance para evitarlos».

Ello «sin renunciar, por supuesto, a la legítima defensa de nuestra postura absolutamente contraria a la inclusión del lobo en el Lespre con la demanda, admitida por la Audiencia Nacional, exigiendo la anulación de la Orden, y con los recursos judiciales que sean pertinentes en el caso de alguna organización pretenda impedirnos la aplicación de la normativa vigente».

Perseguidor de ese objetivo, que no solo ambiciona Cantabria -también Galicia, Asturias y Castilla y León-, el consejero afirmó que el Ejecutivo va a seguir aplicando el Plan de Gestión del Lobo y realizando controles de población en aquellos municipios donde su presencia entrañe riesgos, «aunque para ello tendremos que adaptarnos a las condiciones a las que obliga la orden ministerial que lo incluye en el Listado de Especies de Protección Especial», matizó.

En ese contexto, Blanco insistió en «la importancia» del papel que van a desempeñar los ayuntamientos.