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Cantabria ya tiene un plan para atajar las listas de espera de la sanidad pública, «absolutamente desbocadas», al que se van a destinar hasta 65 millones de euros en tres años. «Y no es una varita mágica, sino un documento realista y serio, que parte ... de un diagnóstico real de la situación y no de datos maquillados», ha asegurado la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, en la presentación, junto al consejero de Salud, César Pascual. Un plan que consiste, como no podía ser de otra manera, en aumentar la actividad: operar más, atender más consultas y realizar más pruebas diagnósticas de las que se venían haciendo. Sólo así, han apuntado, se podrá «revertir la alarmante escalada de las listas de espera durante los últimos ocho años», ha dicho Buruaga.
La planificación para 2024-2026 prevé incrementar en 24.100 las intervenciones quirúrgicas, es decir, operar cada año a más de 8.000 pacientes de los que se han operado en el último ejercicio. Un volumen extra que se repartirá entre los propios hospitales del SCS y los centros concertados. En concreto, los equipos de Valdecilla, Sierrallana, Laredo asumirán 12.400 cirugías añadidas, de las que 7.800 se realizarán a través de las horas extraordinarias de tarde (las llamadas peonadas) y las 4.600 restantes en horario de mañana (en su jornada ordinaria), como resultado de «una mejora de los rendimientos».
Porque ahí estará uno de los puntos clave del plan de choque: «Hemos visto que hay una oportunidad de mejora, que se puede sacar mayor rendimiento y aprovechar los tiempos muertos de quirófano (por ejemplo, cuando se suspende una intervención)», ha explicado el consejero. Y para «cambiar el modelo» y que las mañanas sean más productivas –y ahí viene la gran novedad– Sanidad incorporará «incentivos» para los profesionales. Ya no sólo para los que participen en las peonadas, recuperadas el pasado mes de octubre después de ocho meses de parón por el plante de los médicos, sino que «se recupera el concepto de productividad variable», de tal forma que las Gerencias de los hospitales marcarán unos objetivos a cumplir y, en función de los que se alcancen, los profesionales verán recompensadas sus retribuciones.
«Necesitamos la implicación de todos», han subrayado ambos, reconociendo que la solución que se plantea «va a tensionar al Servicio Cántabro de Salud durante los próximos tres años» y agradeciendo el «esfuerzo» que está haciendo la plantilla desde octubre, que se resolvió el conflicto abierto con los médicos y es «cuando se ha empezado a apreciar un cambio de tendencia en la evolución de las listas de espera, aunque haya sido insuficiente para arreglar el balance de fin de año», ha subrayado Buruaga. Un cómputo que volvió a marcar un récord histórico, con 18.505 pacientes pendientes de pasar por quirófano, 38.711 a la cola para una primera consulta con el especialista y 35.418 para realizarse una prueba diagnóstica. «Una situación insostenible para los ciudadanos», ha apuntado el consejero, el encargado de explicar con más detalle las ocho líneas estratégicas del plan.
En paralelo al aumento de la actividad quirúrgica propia, se contempla potenciar las derivaciones a la sanidad concertada, por medio del acuerdo marco que está en plena tramitación y que también quedó en suspenso al final de la legislatura pasada por los errores en el pliego del nuevo concurso. Ahí, el Gobierno cuenta con sacar adelante la otra parte de la actividad extra que recoge el plan: 11.700 intervenciones.
Tras dejar claro que «la lista cero no existe, porque es inherente al propio sistema público», la presidenta sí que ha destacado que mantiene el compromiso que adquirió para el final de su mandato, que es que «ningún cántabro tenga que esperar más de 90 días para ser intervenido». Aunque a renglón seguido ha dicho también que «la realidad que hemos encontrado ha sido peor que el peor de los escenarios previstos», reconociendo ya que el objetivo marcado para el primer año de Gobierno ya es imposible. «Vamos a necesitar más tiempo para conseguir reducir los máximos de espera a 180 días para una operación, 60 días para una consulta y 30 para una prueba diagnóstica». Si todo va como esperan, esa situación no llegará «hasta finales de 2025».
El plan contempla la actividad anual deseable para combatir el cúmulo de pacientes en cola y marca objetivos de rebaja de demora para cada año. Así, para este 2024 el reto está en bajar los 173 días de demora media para una cirugía hasta los 135, a 100 al año siguiente y a 80 en 2026. Y los cálculos se aplican igualmente para las listas de consultas y de pruebas diagnósticas. En este caso, se necesitaría realizar 61.000 consultas más (14.000 por la vía de las peonadas, pero el resto con mejora de los rendimientos asistenciales) y 71.000 pruebas diagnósticas adicionales (16.500 con derivaciones a concierto, 7.000 con horas extra del personal propio y el resto sacando más partido a la jornada matinal).
Para cumplir con «el reto ambicioso y complicado» del plan integral de reducción de las listas de espera, el Gobierno prevé una dotación inicial de 55,17 millones de euros, que se podrán ampliar en diez más (cinco en 2025 y otros cinco en 2026), a partir de las mejoras en la eficiencia, es decir, sujetos a esa productividad variable antes comentada. De ese montante, el capítulo de personal supone 19,23 millones (es aquí donde se aumentarían esos diez millones adicionales), mientras que 31,4 millones se contemplan para gasto corriente –11,19 millones por el impacto del incremento de la actividad y los 20,25 millones ya previstos para los conciertos– y se incluyen 4,5 millones para inversiones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que parte de la solución del atasco en pruebas diagnósticas requiere de nuevos recursos, como la nueva Unidad de Endoscopias proyectada en Valdecilla.
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