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Nunca antes ha tenido Cantabria un presupuesto tan alto como el que gestionará en 2019. El Gobierno PRC-PSOE ha presentado un documento que supera por primera vez en la historia la barrera de los 2.850 millones de euros, de los que prácticamente ... la mitad se destinará a gastos de personal (919 millones) y a amortizar la deuda (467 millones). Cerca de 4,7 de cada 10 euros se destinan a las nóminas y al sobreesfuerzo de amortizar los créditos pendientes y pagar los intereses, que alcazarán una cifra récord el año que viene.
El consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Juan José Sota, bautizó ayer el documento como «realista, responsable y ambicioso», porque crece en 212 millones respecto al del año anterior y, lo más importante, porque «revierte los recortes de la legislatura del PP y recupera derechos de los empleados públicos». Unas cuentas con un claro perfil electoral, a siete meses de que se celebren los comicios autonómicos, porque también incluyen la reducción a partir de mayo de una hora semanal en la jornada labora de los funcionarios –pasará de 37 a 36 horas– y la convocatoria de la mayor oferta pública de empleo de la historia.
Entre los grandes objetivos que quiere conseguir el Gobierno con el presupuesto está consolidar a los ayuntamientos «como protagonistas de la cohesión social», manteniendo los 15,2 millones que se destinaron en 2011 al Fondo de Cooperación Municipal, aumentar los recursos para políticas activas de empleo y cumplir los objetivos de estabilidad. Así, al fomento del empleo se destinan 98,4 millones, 2,2 millones que en 2018 y 5 más que en 2015. Como el paro ha bajado en más de 20.000 personas en la legislatura, el gasto por parado casi se ha duplicado y ha pasado de 2.067 euros en 2015 a 4.034 en 2018.
Las áreas sociales siguen acaparando todos los focos un año más. Se llevan casi el 80% del total. Sanidad, Educación y Servicios Sociales, departamentos gestionados por el ala socialista del Gobierno, monopolizarán más de tres de cada cuatro euros que el Gobierno gastará en 2019. Las tres consejerías incrementan su retribución respecto a este año, sobre todo, para dedicarlo al capítulo de gastos de personal, donde realmente se ven las inversiones en estas áreas.
El consejero puso el foco en el incremento de plantillas que se ha generado y en el impulso que se ha dado, por ejemplo, a la renta social básica. Educación, por ejemplo, dispondrá de casi doce millones más para contratar a profesores en la oferta pública de empleo, mientras que Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud podrán cubrir mejor las bajas y vacantes médicas con un extra de casi 20 millones de euros respecto a este año. El ICASS, organismo que centraliza las políticas de servicios sociales de la Comunidad Autónoma, contará también con una subida de 5 millones más en sus cuentas (+2,30%) para poner en marcha las iniciativas del plan de emergencia social y abrir un nuevo centro de menores no acompañados.
La Consejería más beneficiada por este Presupuesto expansionista es, con mucha diferencia, la de Economía y Hacienda. Sota gestionará casi un 15% más de fondos que este año. La explicación es que se encarga de la reducción horaria de los funcionarios y del crecimiento del fondo de contingencia en un 785,8%, pasando de un millón a casi nueve. Este aumento se plantea para poder cubrir «insuficiencias que están detectando», en especial en la factura farmacéutica, por «el suministro de nuevos medicamentos que son mucho más caros».
La Consejería de Universidades, Investigación y Medio Medio Ambiente es la segunda en la lista de las que mejor paradas saldrán del Presupuesto. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos contará el año que viene con 24 millones de euros más, un incremento clave para afrontar algunas de las necesidades más apremiantes de un sector como el pago de la dependencia, las obras hidráulicas en los ayuntamientos o los derribos, que esperan tener solucionado antes de que termine la legislatura.
Dentro de las operaciones de capital, las inversiones reales bajan un 2%, de 182 a 179 millones, según Sota porque es un presupuesto de «fin de legislatura» y, por ello, no se plantean nuevas inversiones. No obstante, ha destacado que las transferencias de capital, que también son para inversiones, crecen un 7,6%, de 98 a 105 millones. En ese apartado se consignan las convocatorias del Gobierno para la cofinanciación de obras de los ayuntamientos en materia de medio ambiente y obras públicas.
El Gobierno, por el contrario, ha rebajado casi por completo las expectativas de vender edificios públicos después de haber dado salida únicamente a la discoteca Aqua y de conformarse con alquilar otros. De los 27,4 previstos al inicio de la legislatura, ahora se queda con algo más de un millón.
El Gobierno se enfrentará a otro reto. A la espera de conocer si la ministra María Jesús Montero modifica finalmente los objetivos de déficit para dar aire al gasto autonómico, el consejero de Economía ha elaborado las cuentas con una previsión del 0,1%.
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