El Gobierno dice que la Sociedad Regional de Cultura tiene «un agujero» de 13 millones y el PSOE lo niega

«Más que un agujero es la fosa de las marianas. Ha sido muy complicado recabar toda la información para tener una imagen fidedigna de la situación económica actual de la sociedad», destacó la consejera. «Hemos detectado un desvío de fondos que refleja la negligencia con la que se ha gestionado. Estas facturas en el cajón son el legado y la herencia recibida de Zuloaga», denunció.

Según la información facilitada por el Gobierno, los anteriores dirigentes del PSOE gastaron dinero destinado a obras para otros servicios y pagos a proveedores. En concreto, Fernández se refirió a la rehabilitación de las escuelas de Fontibre (81.600 euros), el centro cultural en La Lechera (4 millones), la reforma del Palacio Jaime del Amo (2,4 millones) y la terraza del Palacio de Festivales (1,4 millones). Todo ese dinero, según la consejera, es lo que queda por pagar y «no hay dinero para hacerlo».

«Estamos en quiebra técnica y esta situación nos empujaría a la liquidación de la sociedad, pero no va a ser así, vamos a solucionar este problema que ha dejado Zuloaga», aseguró Fernández. Así, el Gobierno ya ha inyectado más de 4 millones de otras partidas presupuestarias y, además, utilizará parte de los 133 millones que llegarán de las entregas a cuenta del Ejecutivo central para sanear las cuentas de la Sociedad, además de establecer «un férreo control del gasto».

Entre las facturas en el cajón mencionadas por la consejera, además de esos impagos a las obras de infraestructuras, se encuentran cenas y comidas que a la consejera le han llamado la atención, como un pedido a una carnicería para la cena del campeonato de tiro con arma prehistórico, además de tres anualidades del pago de un convenio con el Ayuntamiento de Miengo, y subvenciones al CN Foto de Torrelavega, el Ayuntamiento de Arnuero...

A pesar de esta denuncia, el Gobierno no tiene pensado «ir más allá» y no llevará el asunto a los tribunales, pero sí creen que debería tener «responsabilidades políticas». «En una empresa privada esto hubiera supuesto un despido fulminante y la desaparición de la sociedad», señaló Fernández.

El exdirector de la Sociedad Regional de Cultura, el socialista Jorge Gutiérrez, negó las acusaciones de la consejera y aseguró que «todas las certificaciones de obra de 2023 están pagadas«. Además, señaló que cuando él dejó el cargo, el pasado mes de septiembre, en la cuenta del ente público había un millón de euros. A eso habría que añadir, según su versión, 10 millones de aportación del Presupuesto del Gobierno de Cantabria. «Todas las sociedades públicas son deficitarias porque dan servicios», destacó.

Gutiérrez considera que es obligación del Gobierno del PP cubrir en 2024 las necesidades económicas de la sociedad para continuar con los proyectos abiertos y en marcha. Sin embargo, el diputado apunta que solo se han presupuestado 9 millones para este año, frente a los 15 millones que el bipartito destinó a la sociedad el año pasado.