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El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, aseguró ayer que los proyectos eólicos que hay actualmente en tramitación en Cantabria -alrededor de una treintena- obtendrán la Declaración de Impacto Ambiental antes del próximo 25 de enero, la fecha límite dada por ... el Gobierno de España para que las empresas interesadas logren un informe del que dependerá el futuro de sus planes, que será avanzar o retroceder según sea esa declaración favorable o desfavorable.
Marcano adquirió este compromiso durante su intervención en un debate organizado por la Asociación Eólica de Cantabria al término de su asamblea anual, coloquio en el que también participaron el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa. Junto a ellos, el presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, sorprendido por ver sentados a una mesa de debate sobre eólicos a tres consejeros de una tacada. «Yo nunca he conseguido que se reúnan conmigo tres conselleiros a la vez», confesó.
Precisamente él, Manuel Pazo, abrió el turno de las intervenciones para explicar las diferencias, -las abismales diferencias- que existen entre Galicia y Cantabria en lo tocante a parques eólicos. Mientras allí los polígonos «han generado 5.500 empleos», «han concentrado a un centenar de empresas de este sector» y «han beneficiado a 105 de los 313 ayuntamientos de la comunidad», con los que se han alcanzado «acuerdos económicos muy ventajosos para todos sus vecinos», aquí «seguimos teniendo enormes problemas con la tramitación de los proyectos que se quieren desarrollar», se quejó amargamente su homónimo en Cantabria, y moderador del debate, Agustín Valcarce.
Agustín Valcarce
Presidente de la Asociación Eólica de Cantabria
Javier López Marcano
Consejero de Industria
El presidente de la asociación, que mira a Galicia con «envidia», admitió ante los tres consejeros que su colectivo ha visto esta legislatura más voluntad política a la hora de poner en marcha todos los proyectos en la cartera, pero eso, dijo, no es suficiente. «El día 25 de enero es la fecha límite para que las empresas obtengan la Declaración de Impacto Ambiental», recordó el presidente, que mostró su preocupación porque el Gobierno regional -que es de quien deben obtener esos informes- no llegue a tiempo de expedirlos todos.
En su afán por tranquilizarle, los tres consejeros del Gobierno, todos ellos del ala regionalista, dijeron y repitieron a Valcarce que los proyectos con visa de desarrollo en Cantabria que han solicitado ese trámite burocrático lo tendrán en sus manos antes de que expire la fecha dada por el Ministerio.
«Vamos a salvar la fecha límite del día 25 de enero», dijo Marcano. Y no una sino dos veces. La primera, cuando el presidente de la Asociación de Eólicos le trasladó su inquietud sobre esto. Y la segunda, cuando alguno de los invitados al debate quiso intervenir para que los consejeros no pasaran por alto uno de los principales caballos de batalla de las empresas eólicas que se quieren instalar en esta comunidad: la exasperante lentitud que caracteriza a la burocracia.
Por si Marcano no había sido suficientemente claro, Blanco, que en su turno de intervención se refirió a los eólicos como «proyectos que van a pasar a pesar de los obstáculos que ponen las administraciones locales», recalcó que el Gobierno regional «va a salvar estos planes antes del 25 de enero». Eso, a pesar «de la dificultad que los proyectos tienen aquí para ver la luz», como admitió Gochicoa.
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