El Gobierno diseña un nuevo manual de contratos para tratar de evitar casos como el de Carreteras

Con esa lógica se ha diseñado un nuevo manual de contratación. Una guía de buenas prácticas que supone una pequeña revolución en los procedimientos. El documento, que ya está en vigor tras su publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), pone el acento en distintos asuntos. Entre otras cosas, limita la capacidad de un único funcionario para actuar de forma libre y discrecional en la redacción de pliegos y, sobre todo, durante la fase de adjudicación. Básicamente, lo que hace es tratar de buscar una solución a cada una de las triquiñuelas que presuntamente utilizaba el jefe de servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Diez, para facilitar contratos a las cuatro empresas investigadas: La Encina, Cannor, Rucecan y API Movilidad. Y el Gobierno aprovecha esta modificación de la normativa para introducir algunas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Central de Recursos Contractuales en materia de arraigo territorial de los licitadores, de exigencia de medios personales y sobre la publicidad de los informes jurídicos que deben acompañar los expedientes.

A partir de ahí, también se suman otras prevenciones. Prevenciones que serán aplicadas en los procedimientos de todas las consejerías y entidades del sector público institucional, ya que una de las novedades es que unifica los criterios en toda la Administración regional. Por eso en su elaboración han colaborado todos los departamentos, aunque el peso de su diseño ha recaído en la Consejería de Presidencia (como responsable de la política de contratación y del funcionariado) y en la de Obras Públicas (la que maneja anualmente más contratos y la casa donde se produjo el presunto caso de corrupción).

Una de las formas de proceder de Diez era que las empresas 'amigas' consiguieran obras recomendando bajadas exageradas sobre el presupuesto para compensarlas posteriormente con contratos menores y de emergencia inflados artificialmente. Ahora, con este nuevo protocolo, el funcionario lo tendría más difícil. Con los contratos menores -aquellos con un coste inferior a los 5.000 euros-, la Administración estará obligada a pedir al menos tres ofertas y quedarse con la más ventajosa desde el punto de vista económico. En caso de que se escoja otra, deberá acompañarse de un informe justificativo. Y se intentará que en el proceso participen dos funcionarios.

Eso es lo que el Ejecutivo regional ha venido en llamar la 'doble firma'. Doble firma que se exigirá sí o sí para los contratos de emergencia -tienen un procedimiento simplificado-, que también requerirá tener sobre la mesa tres ofertas antes de resolver. Hasta ahora, las consejerías eran libres de pedirlas o no. Tras la aprobación del protocolo, será obligatorio. De igual forma, se limita los supuestos en los que se puede declarar la emergencia: solo «a causa de acontecimientos catastróficos o por situaciones que supongan grave peligro». Ese contrato tendrá un límite de un mes para iniciar la ejecución de las prestaciones y cesar cuando la situación haya desaparecido.

Más cosas. Por ejemplo, se realizarán programas de formación para los funcionarios que realicen labores de contratación, habrá un mayor control sobre los servicios y obras contratadas durante la fase de ejecución para que se cumpla lo firmado, se dará más peso a los criterios objetivos en la redacción de los pliegos para reducir al máximo los que requieran de juicio de valor y, por último, se creará un órgano para asesorar en la contratación y agilizar los procesos cuando estos se eternicen o atasquen. Todo ello, según la consejera de Presidencia, Paula Fernández, para que Cantabria tenga «una contratación más transparente y con más control sobre los expedientes e informes».