El Gobierno de Cantabria elabora una ley contra el despoblamiento, aunque no podrá aprobarla

Fernández explicó que la ley, que trata de hacer frente a «un fenómeno complejo y de múltiples vertientes», reconoce a los habitantes de los territorios despoblados «derechos en la prestación de servicios esenciales y fundamentales» que el Gobierno deberá prestarles «garantizando la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial de Cantabria». Se trata, en definitiva, de ofrecer un respaldo legal permanente y estructurado a las políticas de lucha contra el despoblamiento que se han puesto en marcha durante esta legislatura. Según la consejera, el propósito de la ley se resume en una frase pronunciada por el presidente, Miguel Ángel Revilla: «Mismos derechos y servicios vivas donde vivas».

Su entrada en vigor obligaría a que toda ley, decreto o plan sectorial tenga en cuenta en su elaboración el componente de reto demográfico, analizando su impacto en él para garantizar medidas de discriminación positiva hacia estos lugares.

Contempla, asimismo, medidas para incrementar las ayudas públicas a los vecinos, con líneas específicas, reserva de parte del crédito de las convocatorias, aumentos porcentuales en las propias ayudas o puntuaciones adicionales en casos de concurrencia competitiva. Además, prevé el apoyo y asistencia específicas a empresas radicadas en municipios en riesgo de despoblamiento, con acciones que faciliten la contratación pública con ellas.

Al amparo de la nueva ley, el Gobierno regional podrá incentivar a los empleados públicos que desarrollen su labor en estas zonas, especialmente en el ámbito docente, sanitario y social, promoviendo el teletrabajo para los puestos de más difícil cobertura.

Una vez aprobada la ley, el Gobierno regional deberá reclamar al Ejecutivo central un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta también esas particularidades y establezca la adopción de medidas fiscales para incentivar la fijación y atracción de población a estos municipios.

En cualquier caso, al anteproyecto de ley de Cantabria de lucha contra el despoblamiento y frente el reto demográfico le queda por delante un largo camino hasta que su aplicación pueda ser efectiva, un itinerario que comenzó ayer con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del inicio de un periodo de información pública de quince días, durante los cuales los ciudadanos podrán presentar alegaciones y sugerencias al texto inicial. Ese trayecto administrativo concluiría con el paso por el Consejo de Gobierno, previo a su presentación en el Parlamento. «Necesitamos que la norma sea alimentada en los distintos procesos que va a recorrer», indicó Paula Fernández, con el objetivo de que, «ya en la próxima legislatura», su redacción definitiva mejore los actuales contenidos. El anteproyecto de ley, recordó, es fruto del trabajo de los grupos de acción local, que elaboraron el primer borrador, perfeccionado después por un grupo de trabajo específico, dependiente del Consejo Asesor de Despoblamiento.

La lucha contra el despoblamiento rural ha sido «una de las líneas de acción política prioritaria» del Gobierno cántabro, que constituyó este órgano para impulsar y coordinar las medidas incluidas en su Estrategia regional 2021-2027 para fijar la población en Cantabria, con 344 actuaciones en doce ejes de actuación.

La región cuenta con una orden que delimita los municipios en riesgo, según la cual hay 30 de actuación prioritaria por riesgo grave de despoblamiento, 8 de actuación preferente por su alta dispersión poblacional y elevada tasa de envejecimiento, y se incluye el Valle de Villaverde por su particular idiosincrasia, al estar enclavado en la provincia de Vizcaya.