El Gobierno encarece un 21,7% la vivienda protegida para atraer la construcción de la inversión privada

El Ejecutivo del PP sabe que la medida no es popular. Supone que las viviendas de protección oficial serán hasta 27.000 euros más caras. Por eso, el consejero de Fomento trató este miércoles de esmerarse en explicar los motivos y los objetivos del nuevo plan. «Se han revisado los precios para que estas viviendas sean más atractivas y se puedan poner muchas más en el mercado, y que sigan estando a un precio razonable para las personas que no pueden acceder al mercado libre», afirmó Roberto Media. En su opinión, Cantabria necesita de la «colaboración público-privada» en este ámbito, ya que lleva «una legislatura y media, del anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), sin construir ni una sola».

La fórmula para establecer los nuevos precios máximos es algo compleja. Hay un módulo que antes era de 758 euros el metro cuadrado y que ahora con el incremento del 21,7% se sitúa en 968. A partir de ahí, se multiplica por un coeficiente autonómico –fijado en 1,6, no ha variado– y, por último, hay tres correctores también en forma de coeficientes en función de las tres zonas en las que se ha dividido a la comunidad. «Antes afectaba a todos los municipios por igual, pero no es lo mismo construir en Santander que en Tresviso», subrayó Media. En Santander y Castro Urdiales, la denominada zona A, la más cara, habrá que multiplicar el resultado anterior por 1,15; en la zona B, un grupo de 41 municipios principalmente de la franja costera y los más poblados, la multiplicación es por 1,07, y en el resto de ayuntamientos, la zona C, no hará falta.

De esta manera, el precio máximo al que Gobierno, consistorios o la iniciativa privada podrán vender las viviendas de VPO que construyan será de 1.781 euros en Santander y Castro Urdiales, 1.657 euros en la zona costera y en los núcleos más poblados y 1.548 en el resto. Los alquileres también subirán: 519 euros mensuales en Santander y Castro Urdiales, 483 en la franja central y 451 en el resto. «Esos son los precios máximos. Por debajo de ahí, se pueden establecer los que se consideren oportunos», puntualizó Media.

«Aun con esta modificación –se refirió así a la subida–, seguiremos siendo una de las comunidades con los precios más bajos», justificó mientras sostenía en la mano un gráfico donde aparecían el resto de autonomías. Baleares es la región con el metro cuadrado más caro, 2.690 euros, y Cantabria ocupa la cuarta posición por la cola con sus 1.781. Sólo Región de Murcia (1.726), Castilla y León (1.667) y Canarias (1.412) son más baratas. «Esto es hacer política social –afirmó Media– aunque a algunos políticos se les llene la boca diciendo que son los más sociales, pero la realidad es la que es».

Para hacerse una idea de cuánto costará ahora una vivienda protegida en Cantabria, Media puso ejemplos concretos: «Un piso tipo de 70 metros cuadrados, 124.678 euros en Santander y Castro Urdiales (zona A), 116.004 en la zona B y 108.416 en el resto de municipios». Con el encarecimiento anunciado este miércoles, un beneficiario deberá pagará por la misma vivienda 27.055 euros más en Santander y Castro, 25.170 euros en la franja costera y municipios más poblados y 23.526 euros en el resto de consistorios de la región.

Media subrayó que la petición de subida de los precios proviene de los técnicos de la Dirección General de Vivienda: «Nos trasladaron la necesidad de modificar el módulo básico autonómico que determina el precio máximo de venta y de renta, así como establecer un nuevo mapa regional de precios máximos». Y también dio las razones: «Cantabria llevaba mucho tiempo, desde 2014, sin revisar los precios de las viviendas públicas, estaban obsoletos. Construir viviendas de protección oficial era deficitario para el propio Gobierno, los ayuntamientos y también para los promotores». También desveló que la decisión «es el resultado de actualizar los índices de crecimiento de los costes de producción en estos casi diez años».

El Gobierno aseguró que tiene un plan propio para la vivienda protegida en Cantabria, aunque el consejero no especificó el número de viviendas que pretende construir durante la legislatura.

El consejero de Fomento pedirá este jueves al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana más fondos para invertir en vivienda pública, así como para pagar las ayudas para rehabilitación y eficiencia energética que estaban pendientes cuando llegó al cargo. Media, que participará en la Conferencia Sectorial, recordó que del «agujero de 58 millones» que se encontró se han pagado ya seis con fondos de la propia Consejería, y que hay un plan de pagos para el resto de los beneficiarios pendientes. También se comprometió a pagar «al mes» los bonos para el alquiler que ha prorrogado el Gobierno central.

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