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Álvaro Machín
Santander
Lunes, 7 de noviembre 2022, 07:03
En Tama (Cillorigo de Liébana), en la carretera entre Anievas y Raicedo, en Cieza y en un punto entre Renedo y Carandía (Piélagos). Ahí están las cuatro fosas en las que el Gobierno de Cantabria tiene previsto empezar a excavar en busca de restos humanos – ... y pagar la factura de la tarea– a finales de enero de 2023 en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Lo hará si los trabajos de prospección que ya están contratados ofrecen resultados concluyentes. Los informes de esas inspecciones se esperan antes de fin de año y, una vez que se disponga de presupuesto (en los últimos días de enero), y si el resultado es positivo, «sería lo primero que cerraríamos en el departamento». O sea, que sacarían el contrato de forma inmediata, según confirma Zoraida Hijosa, directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica. Son cuatro de las aproximadamente 150 fosas que el Ejecutivo estima que existen en la región, en base a dos estudios, vinculadas a la Guerra Civil y a la dictadura.
Hace pocas fechas, en los últimos días de octubre, se contrataron los trabajos de prospección geofísica en esos cuatro puntos (el área total que se va a estudiar suma unas cuatro hectáreas). En primer lugar, un gradiómetro prospecta magnéticamente la zona. Básicamente, esa tarea permite localizar anomalías en el terreno para saber si puede haber algo enterrado. Luego, con un espacio ya más delimitado (porque el uso de la herramienta del segundo paso es más caro), a través del georradar los expertos pueden ofrecer datos mucho más precisos. Los que se necesitan para empezar a excavar y proceder, en su caso, a las exhumaciones. Hijosa confirma que estos trabajos ya han empezado en Tama y seguirán en los otros tres puntos estas semanas. Según sus datos, en la de Cillorigo de Liébana podrían estar los restos de entre dos y cuatro personas, mientras que en las fosas de Anievas o Cieza estiman que puede haber una persona en cada una (en el caso de la de Piélagos tienen más dudas del número concreto).
plazos
«En Cantabria la localización de fosas es muy complicada. Son, en general, pequeñas. Muchas están en el monte o al lado de una carretera que ya no existe o en la que se ha construido encima, o en las inmediaciones de algún río. Es complicado por la orografía que tenemos y también por el silencio que aún se guarda, porque aún hay miedo a hablar», detalla. De hecho, este año –en los últimos seis meses– se han realizado visitas a estos cuatro puntos y se han mantenido entrevistas con vecinos de los pueblos, «que al final son los que te llevan a los sitios». Con ese trabajo, «los arqueólogos han precisado los lugares con las coordenadas».
Es una tarea previa. La Dirección General cuenta con un mapa de fosas fruto de dos estudios. Uno, de la Universidad de Cantabria, y otro, una actualización elaborada en 2021 «por parte de una asociación memorialista». La conclusión es que en la comunidad existen «aproximadamente 150 fosas», pero queda concretar los puntos exactos.
¿Qué se hará antes de acabar la legislatura? Hijosa asegura que, además de lo que se pueda llevar a cabo en estos cuatro puntos, su intención es sacar «otro contrato de geolocalización» el año próximo (hay una quinta fosa situada en Espinilla –Campoo de Suso–, en la que ya se ha avanzado). «Sería un no parar. De enero a mayo (cuando se celebran las elecciones) nuestro compromiso es seguir actuando en este sentido. Entendemos que es un asunto de derechos humanos, algo de lo que se ocupará este Gobierno y de lo que debería seguir ocupándose el que venga» (pone el ejemplo de las exhumaciones que se siguen haciendo en Andalucía, donde gobierna el PP). Todo, teniendo en cuenta que la Ley regional que se aprobó en el Parlamento sin consenso –y con importantes críticas de la oposición– a principios de noviembre de 2021 introdujo como novedad que todos los costes para localizar fosas o para el posterior sepelio de los restos debe asumirlos la Administración.
antes de las elecciones
La responsable del departamento cuenta que en lo que va de 2022 se han centrado, entre otras tareas, en ir cumpliendo con el contrato suscrito por el que se comprometían a dar información a las familias que lo pedían. «Recibimos solicitudes para preguntarnos por lo sucedido con algún familiar y trabajamos con una asociación de historiadores que busca en todos los archivos disponibles. Nuestro compromiso es remitir a esas familias toda la información que encontramos». Además, reconoce que este año, en la Dirección General se han volcado –y eso ha ocupado buena parte de su tiempo, con los recursos disponibles– en la tramitación de las ayudas europeas en el área de Patrimonio. Ayudas que tienen un plazo que hay que cumplir para no perder el dinero. «Fosas, una. ¿Son pocas? Sí», apunta tras repasar el resto de labores que ha llevado a cabo la Dirección General (desarrollo legislativo de la Ley, tareas de difusión, de «pedagogía», la ampliación del mapa de fosas, firma de diferentes contratos, convenios, organización de actos, publicación de libros...).
La fosa a la que se refiere Hijosa en la que sí se ha actuado con cargo a los fondos del Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General es la Topinoria, una cavidad recóndita junto al pico Macondiu, en Picos, con 180 metros de profundidad. En terrenos de Cillorigo de Liébana. Allí, casi por casualidad (la historia la sacó a la luz El Diario Montañés e incluía el hallazgo a cargo de un grupo de espeleólogos y el trabajo durante años del investigador Antonio Brevers), encontraron los restos de Eloy Campillo, guarda en Picos de Europa y alcalde de barrio en Sotres (Asturias). Estaba desaparecido desde 1945. Los maquis le subieron al monte señalado como delator de una emboscada que les tendió la Guardia Civil en la localidad de Pandébano. Y nunca se supo más.
De la UC y de una asociación
En octubre de 2019 se exhumaron los restos y en julio de 2021 se presentó el libro 'La recuperación e identificación de los restos de Eloy Campillo', coordinado por Fernando Serrulla, antropólogo forense de la Sociedad Aranzadi. Todo se hizo con cargo a la Dirección General de Memoria Histórica.
La asignación de fondos para este departamento por parte del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática fue en el año 2021 de 64.000 euros y en el 2022, de otros 45.000.
Fue en un acto celebrado en La Magdalena el pasado lunes. Zoraida Hijosa, directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, en compañía del vicepresidente Pablo Zuloaga (del que depende su departamento), anunció que iban a enviar una carta a los ayuntamientos de la región para instarles a cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. O sea, para eliminar las calles y los símbolos franquistas. Este periódico confirmó durante la semana que, aunque el Ejecutivo maneja los nombres de una serie de municipios que aún no han cumplido, la misiva se enviará a todos.
¿Tiene la Dirección general una lista de símbolos y calles pendientes de retirada o cambio? Sí que hay un listado, pero no se trata de un documento oficial. De hecho, Hijosa confirma que un técnico de Patrimonio (que también es su departamento) ha ido recopilando datos en las inspecciones que ha hecho por las diferentes zonas de la región. De eso, y de otras aportaciones, se nutre su listado. «Hace tres años, con la puesta en marcha de la Dirección General, ya se envió una carta. Hubo ayuntamientos que hicieron caso y otros no». En este sentido, recuerda que aunque la normativa vigente desde hace años ya obligaba a la retirada, las nuevas leyes –la regional y la nacional, aprobadas recientemente– fijan plazos concretos y también determinan de forma clara un sistema sancionador.
Hijosa puso en el acto del lunes el foco en el Ayuntamiento de Santander, «el que menos ha cumplido», dijo (esta semana aseguró a este periódico que han hablado con Santander, Santoña y, en su día, Ramales). Indicó que «hace dos semanas» habló con la Concejalía de Cultura de la capital para preguntarles si iban a poner en marcha el Consejo de Cultura, que es el encargado del cambio de calles «y que fue el que hizo el cambio de las que se cambiaron hace unos años». «Me han dicho que todavía no sabían cuándo se va a constituir».
El grupo popular –responden desde Santander– entiende que esos comentarios «no tienen absolutamente nada que ver con la realidad». «El PSOE demuestra que su principal objetivo con leyes como la de Memoria Histórica es usarlas como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos, con un único objetivo partidista y de confrontación ciudadana y política». Ponen como ejemplo de «falsedad y manipulación» que Santoña, gobernada por el PSOE, «mantiene un monumento y una avenida dedicadas a Carrero Blanco, mientras que Santander ya retiró la estatua del dictador en 2008». «También Carrero Blanco sigue siendo 'vecino ilustre' e 'hijo predilecto' de la villa gobernada por el partido socialista, mientras que Santander ya aprobó en 2014 retirar a Franco los títulos de Alcalde Honorario, la Medalla de Oro y la Llave de Oro de la ciudad».
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