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Es uno de esos casos llamativos que obligan al Gobierno de Cantabria –quien tiene capacidad sancionadora– a estudiar la posibilidad de cobrar una tasa a la persona rescatada. Sucedió el pasado domingo, cuando Aemet activó el aviso naranja por fenómenos costeros, es decir, fuerte oleaje; ... pero en mitad de ese temporal de viento, lluvia y mar, un surfista madrileño de 30 años decidió adentrarse en las rocas de Punta Ballota, en Suances, y la historia terminó de la mejor manera en que podía terminar, con el joven rescatado con vida por los bomberos.
El 112 movilizó a la Policía Local, a los bomberos de Torrelavega, la Guardia Civil, los equipos de intervención terrestre de Protección Civil del Ejecutivo autonómico y al helicóptero, que no pudo actuar por los fuertes vientos. Los bomberos, con ayuda de una cuerda, consiguieron sacar al surfista hasta una lastra de rocas fuera de la influencia de las olas.
Ahora, el Ejecutivo cántabro estudia si el joven incurrió en una imprudencia y por ello podría abrirle expediente para cobrarle una tasa por el rescate. «No es algo que esté ahora mismo sobre la mesa porque lo primero que hacemos es rescatar a la persona y en los días posteriores se estudia todo lo demás. Han transcurrido apenas 24 horas y es pronto; pero es algo que seguro que se analizará», aclara Mónica Escobedo, directora General de Seguridad y Protección Ciudadana.
De hecho, se estudian la mayor parte de los casos, siempre que exista un mínimo indicio de imprudencia, desde que en noviembre de 2019 se aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2019. «Al menos se analizan todos los casos que son susceptibles de ser cobrados;pero al final lo que sucede es que tanto nuestros técnicos como los servicios jurídicos terminan descartándolos porque siempre hay matices que impiden continuar el proceso», apunta Escobedo.
La Ley establece cantidades como los 570 euros por la salida del equipo de espeleosocorro, los 114 por establecer un dispositivo de rastreo o los 1.906 por la hora del helicóptero. «En esta ocasión, en el hipotético caso de que se produjera el cobro, habría que estudiar la cuantía que supondría», agrega la responsable de Emergencias.
Hasta el día de hoy, han sido dos las intervenciones en que el Gobierno ha cobrado por la intervención de los servicios de rescate. La primera llegó en febrero de 2021, cuando una pareja fue evacuada de Bárcena Mayor, cuando se perdió en la nieve sin llevar el equipamiento adecuado. Los segundos en tener que pagar –3.875 euros, concretamente–, fueron los espeleólogos rescatados el pasado junio en una cavidad de Soba.
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