El Gobierno estudia la sentencia contra el PSIR de La Pasiega y Piélagos cree que «es subsanable»

El episodio no dejaría de ser una anécdota -el Ayuntamiento tendrá que devolver parte del dinero, un esfuerzo mínimo para Piélagos- si no fuera porque esa sentencia de la magistrada Ana Rosa Araujo, del Contencioso Administrativo Nº3 de Santander, puede tener implicaciones sobre el conjunto del proyecto. Lo que dice la jueza es que la tramitación se hizo mal. Es decir, que el plan «no es eficaz» y no está vigente por un defecto de forma en el procedimiento. Una conclusión que abre muchas dudas sobre el proyecto, con las expropiaciones ya realizadas y unas obras -las de la primera de las dos fases en las que se divide La Pasiega- que comenzaron hace ocho meses y que, tras una inversión de 40 millones de euros, estarán listas a mediados de 2026.

Ni siquiera el Gobierno de Cantabria es capaz de determinar qué pasará a partir de este momento ni si lo ocurrido es el anticipo a futuras sentencias negativas en los otros dos procesos judiciales que siguen activos sobre las expropiaciones y sobre el fondo del PSIR, algo que sería más peligroso. Sin caer en alarmismos, pero con muchas precauciones, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, que se enteró de la noticia por este periódico, se dedicará durante este fin de semana a estudiar el fallo.

«Vamos a analizar la sentencia en detalle para poder valorarla», apuntaba ayer el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, el encargado de salir a dar la cara para aportar unas mínimas aclaraciones. El popular recordaba que el fallo, por ahora, tan solo acepta la impugnación del IBI, «un asunto municipal por tanto entre el Ayuntamiento y los recurrentes». Por ese motivo «ni Sicán -la empresa pública que promueve la obra- ni la Consejería hemos sido parte» y, por ese mismo motivo, Arasti y el resto de integrantes del Gobierno desconocían la sentencia.

Sí la tenía en sus manos el mismo viernes por la tarde el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés (PP). Allí tampoco han podido hacer aún un análisis pormenorizado. Eso sí, tras una primera lectura y con lo que le han trasladado los servicios jurídicos, entienden que el problema de procedimiento sería subsanable. Es decir, que la no publicación del PSIR en el BOC no tiene por qué afectar a las expropiaciones y a las obras ni sería necesario comenzar todos los trámites desde cero. Podría bastar -Caramés es precavido hasta que el Ejecutivo regional se pronuncie- con volver a enviar el plan urbanístico de La Pasiega al Boletín para su publicación, esta vez al completo. Como exige la ley y la jurisprudencia en la que se basó la magistrada para su fallo.

De cualquier manera, eso le corresponderá al Gobierno de Cantabria en caso de que ese camino sea viable. La parte del Ayuntamiento de Piélagos es más sencilla: tan solo tiene que recalcular el recibo del IBI. En lo que sí pone el acento Caramés es en que el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº3 de Santander no corrige un error de Piélagos, que se limitó -está obligado a hacerlo de esa manera- a cobrar en función de la tipología de suelo que notifica el catastro.

Más allá de las muchas o pocas consecuencias, están las responsabilidades. Ayer, Arasti se apresuró a destacar que la sentencia «viene de una actuación de la anterior legislatura». En efecto, fue en abril de 2022 cuando el Consejo de Gobierno del bipartito PRC-PSOE aprobó el PSIR de La Pasiega. Las dos consejerías más implicadas en el proceso fueron las de Obras Públicas y Urbanismo (José Luis Gochicoa) e Industria (Javier López Marcano), ambas dirigidas por el PRC durante el último Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla.

Los regionalistas coinciden en parte con la versión del Gobierno de Buruaga al circunscribir el asunto -de momento- al ámbito municipal y al impuesto del IBI. También están estudiando el fallo, pero lo que confirman es que si no se publicó el PSIR completo en el Boletín Oficial de Cantabria y se decidió la fórmula del enlace a una web externa fue porque esa opción «contaba con un informe jurídico a favor» elaborado por los técnicos de la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Crotu). Este organismo, el último que dio el visto bueno, está dirigido hoy por el mismo funcionario que estaba la pasada legislatura.