El Gobierno estudia qué zonas de Cantabria tienen alquileres altos para controlar los precios

Cantabria estaba trabajando en su propia ley -tiene las competencias transferidas- antes de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de la norma estatal el pasado 1 de febrero. La intención del Gobierno central es crear un marco común que sirva a las comunidades para desarrollar sus iniciativas legislativas. Contado de forma rápida, lo que pretende la Ley de Vivienda es controlar los precios en aquellos lugares donde estén disparados: las que se conoce como zonas tensiondas.

Pero antes hay que encontrarlas y delimitarlas. En eso anda el Observatorio de la Vivienda cántabra. «Le hemos encargado un estudio para ver si aquí hay alguna zona tensionada. Aún es demasiado pronto para avanzar resultados», explica Eugenia Gómez de Diego, directora general de Vivienda. «Estamos contando con la colaboración de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)», añade.

El Gobierno regional sabe de la dificultad de la tarea que tiene por delante. «Es complicado porque no existe actualmente ningún registro de los contratos de alquiler en vigor, tampoco un depósito de fianzas de los nuevos que se firman», subraya De Diego. «Los únicos datos de los que disponemos en estos momentos son los de las ofertas que aparecen en los diferentes portales inmobiliarios», apostilla.

Con toda esa información, se podrá dibujar en el mapa de Cantabria las zonas en rojo. «Esta ley no debe generar miedo ni tampoco inseguridad. El control del precio del alquiler está restringido a zonas muy concretas», insiste De Diego.

Si surgen muchas zonas afectadas, el Gobierno y los ayuntamientos estarán facultados para intervenir. Aunque es importante puntualizar que sólo podrán hacerlo ante los grandes propietarios. ¿Quiénes son? Según la ley, las personas físicas o jurídicas que tengan más de diez inmuebles urbanos para uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Esto excluye, por tanto, a los pequeños caseros, que se librarán de la limitación de precios pero no de una congelación de las rentas tanto para los nuevos contratos como para los ya firmados.

Para saber cuál es el tope que fije los precios máximos de los alquileres hace falta una estadística oficial que se está elaborando a nivel nacional. Y va para la largo. La ley establece un periodo máximo de 18 meses de plazo para su entrada en vigor una vez que la norma sea aprobada en el Congreso tras la actual tramitación parlamentaria, que se prevé tortuosa para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Así que la regulación de los precios no llegará, como pronto, hasta finales de legislatura o incluso ya en la próxima.

Los ayuntamientos también juegan un papel principal en el desarrollo y aplicación de la ley. Para frenar la especulación en el mercado podrán penalizar las viviendas vacías, aunque con matices. Las segundas residencias o los inmuebles que no estén habitados pero que se encuentren a la venta o en proceso de alquiler no tendrán esta consideración, por lo que no les afectarán las penalizaciones previstas.

Los consistorios podrán recargar con hasta el 150% del impuesto del IBI a las viviendas que lleven más de dos años vacías. Desglosado, este recargo es del 50% por tener la casa vacía, otro 50% si la desocupación supera los tres años y otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles sin habitar en la misma zona.

«Santander no aplicará esos recargos. Se trata de una medida intervencionista con la que no estamos de acuerdo. No vamos a aumentar las cargas fiscales a los ciudadanos ni a aplicar recargos que, lejos de solucionar ningún problema, lo que van a hacer es agravarlo», afirma César Díaz, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Santander. «Las segundas residencias o los pisos que se ofrecen en el mercado de alquiler son, en muchos casos, fruto del ahorro de las familias que tienen todo el derecho del mundo a decidir libremente en qué invierten sus ahorros y cómo los gestionan, sin que tengan que ser castigados por ello», concluye.

El Gobierno regional puntualiza. «Si en Cantabria aparece alguna zona tensionada, no tomaremos ninguna medida a espaldas de los ayuntamientos. Las decisiones serán conjuntas o a petición de ellos», subraya la directora general de Vivienda. «Aunque la ley estatal lo permite, no lo haremos de forma unilateral», sentencia De Diego.