Gobierno y Federación de Municipios negocian con Unicaja para frenar los cierres de oficinas

Alfoz de Lloredo, donde el Ayuntamiento y los vecinos se han movilizado contra el anunciado cierre de la sucursal de Unicaja ubicada en Novales, no responde al perfil de esas localidades en riesgo crítico de despoblación en las que el Ejecutivo redobla esfuerzos, y que ha hecho objeto de un plan por el que se han instalado cajeros automáticos a través de los cuales los ciudadanos pueden sacar dinero y realizar gestiones como el pago de impuestos municipales.

Su alcalde, Enrique Bretones, negocia por su lado alguna fórmula que permita mantener el servicio. De momento ya ha logrado que el cierre, previsto para el día 22, quede suspendido mientras se busca una solución. «Van a estudiar si les salen los números con lo que les hemos propuesto, que la gestione un agente financiero. Unicaja debe ser consciente de que tiene que ofrecer unas condiciones adecuadas para que haya gente a la que le interese el negocio», señala Bretones.

La principal característica del agente financiero es que se trata de un profesional autónomo, que no forma parte de la plantilla del banco ni implica las cargas sociales y fiscales que tendría un empleado de la entidad, pero que, al actuar en nombre de ella, mantiene los servicios financieros a los clientes.

No obstante, el regidor de Alfoz baraja «un plan b» por si las conversaciones no fructifican y, en todo caso, mantiene la presión sobre Unicaja: mañana volverán a concentrarse los vecinos delante de la oficina que pretende echar la persiana.

También protestarán hoy en Cabuérniga ante idéntico problema. El Ayuntamiento ha convocado a los afectados por el cierre inminente de la oficina de Unicaja de la localidad de Valle, a las 12.30 horas frente a esas instalaciones. En Torrelavega, la Asociación de Vecinos Río Indiana ha solicitado a la Delegación de Gobierno permiso para manifestarse por la supresión de la sucursal que la entidad tiene en La Inmobiliaria el próximo 21 de abril.

Unicaja tiene previsto cerrar durante este mes cerca de una treintena de sucursales, repartidas por toda la región, dentro de su plan de ajuste tras la integración de Liberbank, al que pertenecía la antigua Caja Cantabria, una decisión que privará de servicios bancarios a numerosas localidades.