Gobierno y Fiscalía reforzarán la asistencia a las víctimas de delitos

El Gobierno de Cantabria quiere impulsar en los próximos meses la estructura de la Oficina Fiscal, un nuevo modelo organizativo con el que se confía mejorar la distribución de las cargas de trabajo y dar respuesta a las necesidades de los diferentes ámbitos sobre los que la Fiscalía desarrolla su trabajo. A eso, al menos, se ha comprometido el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autonómico, Rafael de la Sierra, que ha presidido junto a la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, la Comisión Mixta entre ambas instituciones, órgano que ha analizado los medios materiales y personales que se precisan.

Sobre la Oficina Fiscal, el consejero de Justicia ha dicho que es un asunto «pendiente», que «se debe abordar lo antes posible», y ha reconocido que la Fiscalía necesita disponer de una organización que le permita dar una respuesta ágil y eficaz en el ejercicio de sus funciones, atendiendo las denuncias ciudadanas y ejerciendo su misión de defensor público.

Entre otras necesidades, se ha estudiado «redimensionar» la oficina de asistencia a las víctimas del delito con el fin de mejorar su coordinación con el servicio que atiende a las víctimas de violencia de género y optimizar así sus efectivos. Se trata, ha dicho el consejero, de un servicio «muy importante», de cara a asesorar sobre qué hacer y a dónde acudir en cada caso, prestando apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y social a las víctimas.

Además, Gobierno y Fiscalía han estudiado las próximas mejoras en lo que afecta a medios materiales y personales. Entre ellas, destaca la renovación de los equipos informáticos, un proceso que comenzará en el mes de noviembre, según explicó el Ejecutivo ayer a través de un comunicado oficial. En el último año, recordó el Gobierno, se ha reforzado el personal y se han destinado más de 400.000 euros en gastos e inversiones para medios materiales utilizados por la Fiscalía en Cantabria.

La Consejería de Justicia se ha comprometido a iniciar en las próximas semanas el proceso administrativo para la adquisición de aparatos de videoconferencia. También se adquirirán escáneres para facilitar la incorporación del expediente digital y se instalará la doble pantalla en las oficinas, con lo que se quiere reducir el uso del papel en la justicia cántabra.

Con respecto al expediente judicial electrónico, la Comisión Mixta evaluó el funcionamiento del sistema en la gestión de la Fiscalía y se acordaron futuros desarrollos para la mejora de las notificaciones, control estadístico y señalamientos.

La Fiscalía de Cantabria ha generado casi 116.000 documentos electrónicos y ha recibido 89.700 comunicaciones de los juzgados de forma telemática. A su vez, ha remitido 87.000 expedientes, 9.064 calificaciones y casi 42.500 dictámenes por el sistema autonómico Vereda.

Por último, Ejecutivo y Fiscalía analizaron las actuaciones en el ámbito de la nueva regulación de protección de datos, en la que se ha comprobado que tanto el sistema Vereda como la red utilizada en la Administración de Justicia «cumplen con la normativa y la política nacional de seguridad».

Además del consejero y de la fiscal superior acudieron a la reunión de trabajo, el director general de Justicia, Pablo Ortiz; el subdirector de este mismo departamento, Joaquín de la Serna, así como técnicos de personal e informática del Ejecutivo cántabro; Francisco Moreno y Germán Gutiérrez, miembros de la Unidad de apoyo del Fiscal General del Estado, así como Ángel González, teniente fiscal de Cantabria.