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Basta con echar un vistazo a la agenda de la última semana del Gobierno de Cantabria para comprobar que ha levantado el pie del acelerador. A pocos días de que María José Sáenz de Buruaga sea investida presidenta -con la abstención del PRC ... y la duda del voto de Vox-, el Ejecutivo en funciones lleva todo el mes trabajando con las manos atadas. El artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico establece severas restricciones a su labor durante su interinidad, así que el calendario público de los consejeros se reduce a visitas y actos institucionales, aunque conserva su capacidad de gestión diaria para que la Administración no se detenga por completo.
El vicepresidente, Pablo Zuloaga, está siendo uno de los más activos los últimos días de mandato. Suma dos o tres actos diarios, desde ruedas de prensa para presentar la programación del Palacio de Festivales o una exposición, hasta la inauguración de la Feria del Libro de Torrelavega o unas jornadas sobre protonterapia junto a su consejero de Sanidad. El resto de miembros del Gobierno se lo toman con más calma en esta recta final. La consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha realizado alguna visita institucional a ayuntamientos, mientras que la responsable de Educación, Marina Lombó, se ha dejado ver en algunos centros para abrir jornadas o repartir premios. Precisamente, en uno de esos actos con alumnos de los colegios Ramón y Cajal (Guarnizo) y Leonardo Torres Quevedo (Arenas de Iguña) estuvo acompañada por el todavía presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha desaparecido por completo de la agenda oficial del Gobierno.
Estos días también se dan situaciones rocambolescas. Por ejemplo, la consejera de Asuntos Sociales y Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, se acercó a Tresviso el pasado 16 de junio para una visita institucional. Lo hizo justo antes de que al día siguiente cambiara el alcalde. Así pudo reunirse con el anterior regidor, Francisco Javier Campo, del PSOE, como ella, y no con el actual, Alan Ruiz, del PP.
Una de las cosas que quedó bloqueada automáticamente hace un mes con la entrada del Ejecutivo en el modo 'en funciones' fue su capacidad legislativa. Es decir, no puede ni aprobar nuevos proyectos de ley ni tampoco reglamentos. Tampoco está facultado para nombrar o cesar altos cargos, ni para aprobar planes o programas que afecten al conjunto de la Administración regional.
La Ley cántabra señala que el trabajo del Gobierno en este periodo debe «limitarse a adoptar decisiones para el funcionamiento normal de los servicios públicos». Por eso, el Consejo de Gobierno sigue reuniéndose todos los jueves, igual que durante toda la legislatura, para asuntos de trámite ordinario, como validar pagos plurianuales y obras ya adjudicadas.
Los consejeros sí pueden durante estos días firmar convenios, conceder subvenciones previstas, realizar gastos y pagos presupuestados, tramitar los expedientes iniciados, resolver recursos e instruir expedientes sancionadores.
El hecho de que estén aprobados los Presupuestos de este año facilita mucho la tarea del Gobierno en funciones, ya que puede aprobar la adjudicación de contratos cuya tramitación ya esté iniciada. Sin embargo, tienen restringida la puesta en marcha de licitaciones para contratar nuevos proyectos, a no ser que se trate de gastos de mantenimiento o servicios ordinarios de las consejerías.
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