El Gobierno gana seis de cada diez pleitos, aunque 'pincha' en urbanismo

El curso político que enfila ya su recta final ha sido para el bipartito un 'annus horribilis' en lo que se refiere a las sentencias de derribos y anulación de planes urbanísticos. El primero es un conflicto largo, que procede de la década de los 90 en la mayoría de los casos, pero ahora está llegando a su recta final, lo que ha obligado al Ejecutivo a consignar en sus presupuestos la cantidad de cinco millones para afrontar esta contingencia. Estos procesos judiciales no sólo suponen un roto en las arcas públicas; tienen además un coste social importante porque los afectados, unidos en torno a la Asociación de Maltratados por la Administración, no cejan en poner a los responsables políticos frente al espejo de su «insolvencia» para dar solución al problema.

Pero, además, en esta legislatura la Administración regional ha visto cómo los jueces han tumbado tres planes de urbanismo de enjundia, que fueron aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo (Santander, Laredo y Cabezón de la Sal).

La estocada judicial más reciente que ha recibido la Administración regional ha sido en el ámbito sanitario. El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha sido condenado a pagar el plus de carrera profesional al personal interino desde 2015, una resolución que puede afectar a 2.800 trabajadores y cuyas consecuencias económicas pueden ser millonarias.

Pero estos reveses judiciales, aunque sonoros, no constituyen la tónica general dentro de la Administración regional, que a lo largo de esta legislatura ha ganado el 61% de los pleitos. Frente a esta progresión, se produce también un paulatino descenso de la litigiosidad. Pleitear contra la Administración regional cada vez seduce menos a los cántabros, que en los últimos siete años (entre 2011 y 2017) han reducido casi un 49% los recursos contra actos del Gobierno.

Las bases de datos de la Dirección de los Servicios Jurídicos han contabilizado en esta legislatura, a falta de saberse los resultados del año pasado, 3.012 pleitos y 3.961 resueltos, ya que los procesos pueden proceder de años anteriores. En 2017 se registraron 937 asuntos nuevos, frente a los 1.917 que entraron en 2011. Particulares, asociaciones y empresas pueden impugnar desde la concesión de autorizaciones hasta sanciones que impone la propia Administración en asuntos de transporte, medio ambiente y sanidad; o liquidaciones tributarias, actos en materia de personal (nombramientos, reconocimientos de trienios, vacaciones). A ello se suman las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, como resultado de accidentes de tráfico en carreteras autonómicas, negligencias médicas o cualquier otra actuación de la Administración en la que el perjudicado demande por daños y perjuicios.

En el grueso de los pleitos, los asuntos penales son los que menos litigiosidad generan, aunque su trascendencia pública es alta debido a que en muchos casos están relacionados con la defensa de autoridades y empleados públicos. El año pasado los servicios jurídicos del Gobierno asistieron al consejero de Economía, Juan José Sota, en el 'caso Sogiese'. El político socialista fue acusado de no hacer nada para recuperar los excesos retributivos cobrados indebidamente por cinco altos cargos de la empresa pública Sogiese, entre los que supuestamente se encontraba su hija. Sota tuvo que declarar como imputado hasta que finalmente se demostró que no había caso, ni vínculo familiar y el juez archivó la causa.

Un abogado del Gobierno defiende también a tres antiguos directores generales de Deporte (Fernando Castro, Ramón Cuesta García y Javier Soler) en el proceso abierto por las subvenciones públicas al Racing, unas diligencias en las que también está imputado el exconsejero Francisco Javier López Marcano, que, sin embargo, tiene su propia asistencia letrada. Es el caso también de los tres ex altos cargos del SCS, imputados por contrataciones supuestamente irregulares, que se pagan su defensa. Con todo, son los delitos contra los recursos naturales, especialmente los derivados de incendios, los que suponen prácticamente el 50% de los asuntos en materia penal.

El mayor goteo de reclamaciones se produce en el ámbito sanitario, aunque fuentes oficiales de los Servicios Jurídicos señalan que «se gana un porcentaje importante de reclamaciones». Tal vez por eso, el Servicio Cántabro de Salud es la única entidad que tiene contratado un seguro de responsabilidad civil por negligencias médicas. En los demás casos, cada consejería paga la reclamación correspondiente mediante un crédito presupuestario previsto para estos casos.

En 2017, Sanidad concentró las mayores reclamaciones en lo contencioso administrativo (89), seguida de Universidades (64), Industria (45) y Medio Rural (32). Y, si bien las cifras varían de un año a otro, aunque no hay grandes diferencias, es Industria la consejería que se lleva la palma en número de pleitos perdidos con un 39% y las que menos, Economía y Hacienda con el 22%.

Los datos demuestran también que el pleito nos ciega, que la cultura del acuerdo extrajudicial es puramente testimonial y que la mediación, que evitaría los juicios, brilla por su ausencia. De los 3.012 litigios iniciados entre 2015 y 2017, sólo en once casos se alcanzó un acuerdo extrajudicial.

Capítulo aparte, por su volumen, merecen los pleitos del propio personal de la Administración, sobre todo en el ámbito del SCS, el 112 y profesores de enseñanza. La última sentencia de relevancia contra el SCS se refiere precisamente a una reclamación salarial realizada por el personal interino para que se reconociera su derecho a percibir el plus de carrera profesional con carácter retroactivo.