El Gobierno iniciará en Reinosa, Santillana y Orejo la construcción de sus pisos de protección

En concreto, en Reinosa está previsto edificar un bloque de 19 viviendas de protección oficial, que contarán con una inversión de 2.609.273 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Este proyecto, ubicado en el Sector UP-6 'Las Fuentes', incluye locales, garajes y trasteros. Asimismo, el Gobierno ha adjudicado la construcción de ocho viviendas unifamiliares en Santillana del Mar, con un presupuesto de 1.109.893 euros, y las obras de adecuación de un local para la construcción de tres viviendas en el barrio El Ferial de Orejo, con un presupuesto de 225.861 euros. Por otra parte, según ha afirmado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, estas obras constituyen el «primer paso» de la estrategia del Ejecutivo de impulsar la construcción de vivienda protegida en la comunidad autónoma, que cuenta «con un mercado de alquiler muy limitado, gran demanda y escasa oferta, y precios muy elevados».

Al respecto, ha señalado que se trata de un paso «muy importante» al tratarse de «las primeras viviendas de protección oficial que se construyen en Cantabria en los últimos cinco años». Además de «cumplir el compromiso adquirido con los ciudadanos», la puesta en marcha de estas obras va a permitir «reactivar la construcción de vivienda pública en la comunidad e incentivar la vuelta al mercado de las empresas del sector de la construcción», ha asegurado la presidenta. Igualmente, ha recordado que estas medidas se verán completadas en otoño con el nuevo decreto para facilitar a los jóvenes y a las familias el alquiler y acceder, de este modo, a una vivienda en condiciones asumibles.

Para ello, se prevé unificar y simplificar las ayudas para agilizar y recortar los plazos de concesión; aumentar de 500 a 700 euros el límite máximo del alquiler para poder acceder a la ayuda de hasta el 40%; doblar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de adquisición de vivienda, y establecer ayudas de hasta 10.800 euros para menores de 35 años en los municipios de menos de 5.000 habitantes.