El Gobierno intentará vender el psiquiátrico de Parayas tras deshacerse de La Pereda y Aqua

La parcela que el Ejecutivo sacará a subasta está situada enfrente de Equipos Nucleares y sus 150.000 metros cuadrados incluyen el campo de fútbol Manolo Preciado, una zona arbolada que ocupa más de la mitad del terreno, un edificio principal y pequeñas edificaciones independientes (miniresidencias) dotadas con zonas verdes, centro social, cine, capilla...

Los trámites para la subasta aún están arrancando y, de momento, Economía no ha elegido el modelo para enajenar el psiquiátrico. Puede decantarse por la venta directa, como en el caso de Aqua, por la que ingresó 221.000 euros -más un ahorro anual de 65.000 euros-; o bien, por el alquiler con opción a compra, una variante que le ha permitido desprenderse de La Pereda tras siete años de intentos fallidos. Por la residencia ha conseguido una renta de 28.120 euros al mes y 6,6 millones si sus nuevos gestores deciden comprarla antes de 20 años.

Tampoco está decidido el precio de salida en la subasta. Según consta en el inventario oficial de bienes y servicios del Gobierno, estos terrenos y sus inmuebles tienen un valor de 20 millones de euros. Sólo el edificio principal del psiquiátrico, de cuatro plantas y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, está valorado en 5,2 millones de euros. Cuando la Administración inauguró el centro en 1975, esperaba albergar hasta 314 pacientes, pero nunca llegó ni a la mitad. El día de su cierre, en 2016, apenas estaban ingresados medio centenar de enfermos.

El Gobierno sí tiene previsto que segregará el trozo de parcela en el que está ubicado el centro de internamiento de menores, por lo que esta instalación no se venderá y podrá seguir funcionando.

Como ha ocurrido con La Pereda, los futuros gestores privados tendrán que amoldarse al uso asistencial de la parcela, definido en el Plan General de Camargo. Es decir, no se podrán construir hoteles, restaurantes ni nada similar. Y, además, tendrán que hacer frente a una fuerte inversión para derribar los actuales edificios y levantar otros.

No en vano, cuando el centro cerró, el jefe de servicio de Psiquiatría, Jesús Artal, explicó a este periódico que «el hospital presenta deficiencias importantes de tipo estructural. Algunas, de origen, tales como problemas de accesibilidad o largas distancias entre los edificios, o instalaciones que nunca se llegaron a utilizar. Otras se han producido con el paso del tiempo y la falta de un adecuado mantenimiento».

Por eso, este especialista explicó que «llevar a cabo una renovación arquitectónica sobre la estructura original no sería positivo en términos de coste-beneficio». Y lo justificó porque «en las últimas décadas el modelo asistencial para personas con trastorno mental grave y crónico ha cambiado de forma muy sustancial».