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CONSUELO DE LA PEÑA
Santander
Miércoles, 18 de septiembre 2019, 07:14
La despoblación de las zonas rurales y la 'Cantabria vaciada' acapara las propuestas de la reforma fiscal que prepara el Gobierno regional en la próxima Ley de Medidas Fiscales que acompañará al presupuesto para 2020. El Ejecutivo introducirá incentivos fiscales que inviten a repoblar los ... municipios en riesgo de despoblación, aunque habrá que esperar a que concrete las medidas para determinar si se trata de una apuesta decidida por el mundo rural, como defendió ayer la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, en la primera sesión parlamentaria de esta legislatura, o una mera operación de maquillaje ante un problema que centra la atención pública en los últimos meses.
Pero lejos de reducir la presión fiscal, como le pidió con ahínco la oposición, el Gobierno ha decidido suprimir la deducción de gastos por enfermedad a las rentas más altas y subir el impuesto del juego en determinados tramos. Estas modificaciones están decididas pero falta perfilar su aplicación. Los demás impuestos, como la escala autonómica del IRPF o los impuestos sobre el Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones se mantienen.
Interpelada por el Partido Popular sobre cuál va a ser la política fiscal del Gobierno, María Sánchez aprovechó el lance para anunciar las principales modificaciones fiscales de su primer año de gobierno. Cantabria carece de incentivos fiscales para vivir en los pueblos pequeños, pero ahora la responsable de Economía quiere introducir bonificaciones de apoyo a las zonas rurales, entre las que anunció deducciones para la rehabilitación de vivienda, aunque no concretó el porcentaje ni si afectará también a la compra; deducciones por hijos o incluso para los trabajadores que fijen su residencia en los pueblos. Las explicaciones de la consejera fueron así de escuetas, y no pudo avanzar el alcance de la medida ni las personas que se verán afectadas. Lo que sí tiene identificado el Gobierno son los municipios en riesgo de despoblamiento, aunque será una orden del Instituto Cántabro de Estadística (Icane) la que cada año determine los núcleos de población beneficiados.
La consejera anunció la supresión de la deducción por gastos de enfermedad para las rentas más altas, aunque todavía no se ha determinado a qué tramos afectará. Cantabria es la única comunidad autónoma peninsular que tiene esta deducción, y Sánchez vinculó la medida con la apuesta del Gobierno por la sanidad pública. «Se trata de favorecer a las rentas que más lo necesitan», justificó la consejera. La otra modificación se refiere a los tributos sobre el juego. El Ejecutivo estudia una subida en algunos de los tipos de este impuesto, para lo cual está realizando un «estudio en profundidad». La medida no tiene ánimo recaudatorio sino «desincentivador, porque a este Gobierno le preocupa especialmente la lacra que supone el juego en nuestra sociedad».
El resto del sistema fiscal y tributario, que la consejera definió como «redistributivo y progresivo», se mantendrá para «poder seguir sufragando los servicios públicos que se merecen los ciudadanos», argumentó la responsable de las cuentas públicas. Así, Cantabria mantendrá la misma escala autonómica del IRPF. Quedará igual el Impuesto sobre el Patrimonio y también el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que tienen una bonificación del 100% de la cuota entre padres e hijos.
La oposición había pedido extenderla al grupo III ( tíos y sobrinos) pero el Gobierno lo ha descartado. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tampoco se modificará.
El PP aprovechó la política fiscal para atacar al Gobierno. «No hay impuesto que ustedes no hayan subido. Estamos a la cabeza de España para pagar», clamó la diputada María José González Revuelta, que defendió una revolución fiscal que pase por «la bajada de todos los impuestos; la queremos y creemos que es posible».
El portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, es menos ambicioso y se conforma con que el Ejecutivo «no suba los impuestos», aunque cree que hay margen para una reducción de la presión fiscal si desciende el gasto en las empresas públicas. Cristóbal Palacio, de Vox, le replicó con sorna y le recordó que en el Ayuntamiento de Santander la formación liberal está defendiendo más cargos públicos, en alusión al nuevo director general de Urbanismo, un cargo vacante en la anterior legislatura.
Tres diputados –Noelia Cobo (PSOE), Íñigo Fernández (PP) y Pedro Hernando (PRC)– son los elegidos para defender en el Congreso la reforma del Estatuto que elimina el aforamiento político, de manera que los miembros del Gobierno y los diputados sean juzgados por jueces ordinarios, como cualquier ciudadano, y no por el Tribunal Superior. Hernández, experto constitucionalista, ya fue elegidos hace año y medio para defender la iniciativa en Madrid, pero la moción de censura a Mariano Rajoy paralizó el trámite.
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